La Región de Aysén arrastra el peso del aislamiento geográfico. Sin embargo, existe una barrera cruel: normalizar diferencias entre sus habitantes según su sistema previsional de salud.

La realidad territorial es evidente. En Aysén no existen clínicas ni hospitales privados de alta complejidad. El único recinto para patologías graves es el Hospital Regional de Coyhaique, financiado con recursos públicos. En ese escenario el Estado debiera garantizar un acceso igualitario a toda la población.

Pero ocurre lo contrario. Quienes cotizan en Isapre enfrentan restricciones para acceder a prestaciones locales, pese a que no disponen de una alternativa privada equivalente en la región. Son más de ocho mil personas atrapadas en un monopolio sanitario local, obligadas a trasladarse incluso en situaciones de extrema vulnerabilidad.

El problema no puede reducirse a porcentajes. El derecho a la salud no depende del tamaño electoral de un grupo ni de su cercanía con las prioridades políticas. La Constitución asegura el acceso libre e igualitario a las acciones de salud y prohíbe la discriminación arbitraria. En una zona donde el Estado concentra la capacidad hospitalaria, excluir por previsión resulta difícil de justificar ética y jurídicamente.

La consecuencia es grave para los pacientes oncológicos. Muchas familias deben viajar a Santiago o Valdivia, asumir altos costos, interrumpir su vida laboral y enfrentar tratamientos complejos lejos de sus redes de apoyo. El diagnóstico de cáncer se convierte así en una doble condena: la enfermedad y el exilio médico.

La situación alcanza su punto más doloroso cuando la medicina ya no busca curar, sino aliviar. Las dificultades para ingresar a programas de cuidados paliativos o acceder a medicamentos como la morfina exponen a pacientes y familias a un sufrimiento que ninguna burocracia debiera permitir.

Mientras tanto, las autoridades destinan recursos a obras visibles e inauguraciones, pero no resuelven una vulneración que afecta la vida y dignidad de miles de personas. Gobernar exige priorizar las necesidades humanas más urgentes antes que los proyectos de rédito comunicacional.

Aysén necesita convenios excepcionales, mecanismos de reciprocidad y reglas adaptadas a su condición territorial. El Hospital Regional debe poder atender patologías de alta complejidad y urgencias oncológicas sin discriminar por previsión. El aislamiento no justifica manuales centralistas que desconocen la realidad local.

El dolor no tiene ideología ni previsión. Corresponde que el Ministerio de Salud, las autoridades regionales y los parlamentarios construyan de forma efectiva una solución permanente. Ningún habitante de Aysén debiera ser tratado como ciudadano de segunda categoría cuando enfrenta la enfermedad, el miedo y la necesidad urgente de atención.