El pasado 16 de octubre de 2026, entró en vigencia la Ley N°21.849, normativa que marca un hito histórico al unificar en un cuerpo legal de rango superior las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Carabineros y PDI) y las Fuerzas Armadas.

Los cuatro principios fundamentales que rigen estas reglas se encuentran consagrados en el artículo N°3 de la ley, que señala textualmente:

1. Principio de legalidad: las actuaciones que realicen siempre deben ajustarse a la Constitución, a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y a la ley.

2. Principio de necesidad: sólo se podrá utilizar la fuerza cuando sea necesaria para el cumplimiento del objetivo encomendado.

3. Principio de responsabilidad: el uso de la fuerza, fuera de los parámetros establecidos en la presente ley, conlleva las responsabilidades de quienes la ejercen y, cuando la ley lo determine, la responsabilidad de los mandos respectivos y de la autoridad civil.

4. Principio de racionalidad: la fuerza debe ejercerse racionalmente por parte del personal, considerando las circunstancias, el lugar y el contexto.

Centrándonos en el principio de racionalidad que consagra esta nueva ley, cabe destacar que la fuerza policial empleada debe responder a una evaluación lógica y prudente por parte del funcionario en el terreno, ponderando las circunstancias particulares, el lugar y el contexto del suceso.

La ley adopta el criterio de "racionalidad" en sustitución de la antigua noción de "proporcionalidad matemática" (que exigía igualdad de armas entre el agresor y el policía), superándose de esta forma la idea de una estricta proporcionalidad matemática entre una agresión y su correspondiente reacción policial.

A través de este principio, se exige por parte del funcionario policial al momento de ejercer la fuerza, a la que legalmente se le habilita, que realice una evaluación contextual de la situación que debe enfrentar. De esta forma, el funcionario puede emplear un grado de fuerza superior si el contexto (por ejemplo, disparidad numérica de atacantes, condiciones climáticas, geografía o vulnerabilidad de terceros) hace prever que un medio inferior pondría en riesgo su vida o el éxito de la misión legítima.

En torno a esta temática nuevamente el rol de la defensa penal será fundamental en el logro de una aplicación correcta de la nueva regulación y que ésta no sirva como excusa para abusos policiales.

Específicamente en relación al debido respeto al principio de racionalidad, en el siempre complejo y delicado uso de la fuerza policial, la defensa de los afectados por ella debe verificar el uso racional de la fuerza en el caso concreto, conforme a las reglas y principios que consagra esta nueva ley, así como en el resto de nuestro ordenamiento jurídico y en los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile, con el fin de identificar si ha existido algún vicio en el actuar policial que repercuta en la ilegalidad de la detención y, eventualmente, en la inadmisibilidad o exclusión de los antecedentes de la investigación o de la prueba de cargo.