De alguna forma el proyecto de ley miscelánea "para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social" nos recordó esos "llauqueto" que preparaban los "viejos" en los campamentos de terreno en Tortel. Esa sopa a la que le echaban de todo y cuanto aliño tuvieran a mano. 

Estuvimos mirando dicho proyecto y hemos estado viendo las críticas y defensas parciales que se le hacen. La cuestión es que así como está deja hartos flancos abiertos, con lo cual es posible se concentren las críticas en lo "más importante" y prioridad política y capaz que así pasen de largo otras partes no menos trascendentes. Esto de querer modificar al menos veinte leyes y temas bastante complejos, con una sola, muchas veces en base a enunciados dogmáticos, es harto ambicioso y poco transparente.

Así, leyendo el proyecto de ley, nos encontramos con las "microrelocalizaciones" sin evaluación ambiental de concesiones salmoneras y terminar con las caducidades de concesiones reemplazándolas por pago de patente, "porque solo 7% de las caducidades se han hecho efectivas" (habría que ver porque, de hecho, éste debe ser el tema menos transparente de toda la administración pública). Se suma a esto, la intención de agilizar los informes de banco natural y ambientales. O sea, flexibilizar parte sustancial de la Ley de Pesca y Acuicultura. Al respecto, si bien está claro que en el tema de las relocalizaciones y caducidades se requiere tomar decisiones urgentes, eso no implica que la solución sea volver al chipe libre y abuso ambiental. De hecho: ¿que es una microrelocalización? ¿Y porque se pretende tener trato preferente frente a otros proyectos y saltarse la certeza jurídica e igualdad ante la ley? Esto de relocalizar concesiones no es tan simple cuando ya está prácticamente todo el litoral utilizable copado y el espacio que podría quedar libre es justamente aquel que se obtenga caducando o liberando concesiones. Para remate, buena parte de ese espacio se encuentra en áreas protegidas, donde esperamos contar con la certeza jurídica de que se respeten éstas y si el Plan de Manejo respectivo lo permite, se realice la Evaluación Ambiental que exige la ley. Si bien reemplazar las caducidades por patentes jugosas que hagan abandonar concesiones, como ocurre con los derechos de agua, puede ser solución, también puede ser lo contrario con patentes insignificantes. La cuestión es que, en Aysén al 2023 ( y no ha cambiado mucho) solo operaban 23% del total de concesiones y otro 23% debe haber estado en descanso sanitario. Según eso habría sobre la mitad de las concesiones ociosas, muchas de ellas caducables y con millonarias hipotecas en bancos noruegos y que ocupan espacio para posibles relocalizaciones. Y respecto a agilizar informes ambientales y de bancos naturales; si "agilizar" significa informes superficiales, nos parece una idea deplorable. De hecho, hasta hoy hay harto problema precisamente por malos informes que suelen tomar en cuenta sólo parámetros físicos que importan para la producción salmonera (a veces de copy-paste), y que por algo terminan en que quieren relocalizazaciones, y concesiones sobre caladeros y en bahías de caletas, puertos y balnearios donde no debieran estar.

Respecto al tema de la "racionalización" de la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales, en lo que se esgrime un informe de una Comisión Nacional de Productividad y hay quienes llevan años demonizando al CMN y arqueólogos; se pretende poner plazo de 20 días ante hallazgos: aquí hay que entender que el CMN es una institucionalidad (que conocemos de cerca) y que suele estar colapsada y cuenta con muy pocos especialistas, entonces ¡la solución es reforzar ese servicio! Y así y todo hay trabajos que son lentos y que si se hace una evaluación ambiental bien hecha, lo más probable es que ahí aparezca la posibilidad de hallazgos y se prevea como enfrentarla por parte del interesado. Por lo demás, un hallazgo arqueológico legalmente pasa a ser sitio protegido por ley, por lo cual no es llegar a trivializarlo sin respetar la certeza jurídica.

En cuanto a las facilidades a inversionistas foráneos de sobre 50 millones de dólares para generar empleo, asegurando invariabilidad tributaria por 25 años, sería necesario asegurar que efectivamente generen cierta cantidad y calidad de empleo y a cambio de que se da esa franquicia.

Respecto a la "racionalización del proceso de evaluación ambiental", este lo definen como proceso crítico demoroso negativo, cuando podría ser una oportunidad. En todo caso, este tema amerita ser tratado aparte como modificación a la Ley del Medio Ambiente y no metido en este "llauqueto". De hecho, ahí se señala que los titulares presentan evaluaciones incompletas esperando que los servicios revisores les hagan el trabajo (¡!). Vale agregar que las suspensiones de plazo las hace también el titular y de ahí las demoras. Dudamos que el experimento que se propone sirva de algo, salvo que sea un subterfugio para el decreto que se menciona para cambiar la ley. La restitución de gastos directos por Resoluciones de Calificación Ambiental, RCA, anuladas judicialmente tras "un proceso riguroso y extenso", pero que finalmente es aprobado o rechazado por una instancia política (nos consta que a veces por orden de arriba), no son impugnadas de puro gusto. ¡Tampoco meterse en las atribuciones judiciales! Y permitir se realicen obras estando pendientes los medios de impugnación es totalmente contrario a derecho y certeza jurídica. Eliminar medios de impugnación tampoco soluciona malos proyectos o que no cuentan con apoyo de la comunidad afectada. Es más, tras los reclamos contra demoras y certezas jurídicas, el proyecto propone alargar el plazo para terminar los reglamentos del Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas y cinco años para decretar los sitios prioritarios de conservación de biodiversidad. 

Y ésta es sólo parte de este "llauqueto", así ya bastante indigesto.