Columnista, Colaborador Las solicitudes de subdivisión rural han caído más de 80% desde su máximo registrado en 2022. Sin embargo, que ingresen menos solicitudes no significa necesariamente que estemos protegiendo mejor el territorio. La pregunta de fondo sigue pendiente: ¿cómo se utiliza realmente el suelo rural y qué usos puede admitir en el futuro?
En Aysén conviven terrenos productivos que debemos resguardar con predios destinados a vivienda, turismo o conservación. También existen lugares donde la ocupación residencial ha avanzado sin que se hayan previsto adecuadamente los caminos, el agua o los servicios que requiere. Reducir toda esta diversidad a una discusión sobre cuántas subdivisiones se tramitan impide abordar el problema de raíz.
Planificar exige conocer los usos efectivos del territorio y evaluar, además, la aptitud productiva del suelo, la disponibilidad de agua, los accesos, los riesgos naturales y el valor ambiental. Con esa información podemos distinguir dónde corresponde proteger la actividad agropecuaria, dónde son posibles otros usos y qué condiciones deben cumplir los nuevos desarrollos. No se trata de autorizar cualquier proyecto: se trata de tomar decisiones fundadas y adecuadas a cada territorio.
El ministro tiene razón al defender el suelo productivo. Pero celebrar que ingresen menos expedientes al SAG no sustituye una política territorial. Si las reglas siguen siendo inciertas, perjudicamos a quienes quieren hacer las cosas bien y tampoco resolvemos los asentamientos mal ubicados.
Aysén necesita pasar de reaccionar ante cada subdivisión a definir una visión para su suelo rural. Primero conozcamos el territorio. Después decidamos dónde proteger, dónde permitir y bajo qué condiciones. Eso es planificar antes que fiscalizar.
