La reciente ola de amenazas que ha forzado la suspensión de clases en tres establecimientos de la misma comuna, como el Colegio Kalem Bicentenario, el Colegio Sagrada Familia y el Liceo Mañihuales -en menos de una semana- debe ser un punto de quiebre para nuestra región. 

La recurrencia de estos hechos demuestra que la supuesta "burbuja" de tranquilidad en la que creíamos vivir en Aysén ha estallado, exponiendo una realidad cruda: nuestras comunidades educativas están bajo asedio. Es imperativo dejar de minimizar estas situaciones calificándolas de "bromas de mal gusto".

Como bien señaló el experto en seguridad humana Gonzalo Garín, en una entrevista que debe ser leída como una advertencia urgente, "toda amenaza tiene que ser considerada real". Garín, con vasta experiencia en la investigación de ataques masivos, es enfático al afirmar que estos actos no son delitos comunes ni travesuras para evitar una prueba. Por el contrario, podrían llegar a materializarse como representación de una violencia planificada que busca objetivos específicos y que, incluso, cuando no llegase a materializarse físicamente, constituye un ataque masivo psicológico que moviliza recursos policiales y genera un daño profundo en la salud mental de estudiantes y familias.

Más preocupante aún es que estas amenazas operan bajo el fenómeno del copycat o imitador. Cada mensaje en un baño o publicación en redes sociales es visto por potenciales atacantes activos como una oportunidad para probar la reacción del sistema o validar sus propios planes delictivos. El Estado no puede seguir reaccionando tarde. Hasta ahora, la respuesta gubernamental se ha limitado a medidas reactivas —como detectores de metales o revisión de mochilas— que, si bien ayudan, no atacan la raíz del problema: por qué un niño o un adolescente decide salir de su casa armado.

Hacemos un llamado enérgico a las autoridades regionales y nacionales para que asuman este tema con la seriedad que requiere. No basta con citar proyectos de ley que duermen en el Congreso o repetir protocolos de convivencia escolar que se ven superados por la realidad delictual. Se requiere generar una agenda de trabajo urgente y multidisciplinaria con todos los establecimientos de la región, que incluya a expertos en seguridad, salud mental y policías preparadas para fenómenos que no son "delitos comunes". Requiere que los colegios, escuelas y liceos de nuestra región tomen decisiones sobre cómo quieren enfrentar esta nuevas crisis.

La prevención real no es reaccionar a la emergencia, sino visibilizar el problema y educar antes de que tengamos que lamentar una tragedia irreversible. La seguridad de nuestros niños es un derecho constitucional que el Estado está obligado a garantizar hoy, no mañana.