"PIB Regional: Aysén fue el territorio de peor desempeño en segundo trimestre de 2024"; "PIB cae en cinco regiones en el segundo trimestre: Aysén nuevamente registra el peor desempeño económico"; "Aysén registra el peor desempeño económico del país en el segundo trimestre del año".

Éstos son algunos de los titulares aparecidos en medios regionales y nacionales tras conocerse el último Informe del Banco Central que develó, por segundo período consecutivo, un Producto Interno Bruto Regional (PIB) negativo (esta vez de -3,6%) para la región de Aysén.

Y, al igual que el informe del primer trimestre de 2024, la incidencia de la industria salmonera en dichos negativos indicadores económicos es resaltada por el propio Banco Central, al exponer en su análisis "la región de Aysén cayó 3,6%, resultado que fue explicado mayoritariamente por el resto de bienes y la industria manufacturera, destacándose la caída del sector acuícola…".

De esta forma, la evidencia comienza a contradecir el optimismo político ?y profundo desconocimiento? evidenciado por el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya al comentar el informe previo. Entonces se apresuró a señalar que "tanto como cuando la producción aumenta y aumenta el PIB, o cuando la producción de acuicultura disminuye y disminuye el PIB, tiene que ver con ese peso mayor que tiene en nuestra región y que esperemos que sea lo cíclico que ha sido históricamente", aventurando que la baja en la productividad de la industria acuícola se debía a procesos normales en sus ciclos de cultivo.

Tal como críticamente expusimos en una columna anterior, por segundo trimestre consecutivo la evidencia deja al descubierto que la baja productividad de la industria salmonera y su impacto en el PIB Regional no se debe a características propias de sus ciclos productivos. Por el contrario, es consecuencia de sus actuaciones ilegales y los significativos impactos ambientales que causa en sus áreas de influencia.

Esto es coherente con el informe de Contraloría, conocido hace algunas semanas, que dio cuenta de 170 concesiones acuícolas que debieron ser caducadas por no operación, reprochando a las autoridades competentes su falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones. Siendo dicha ilegal falta de operación de centros de cultivo uno de los motivos que, a la postre, inciden en la baja productividad de este sector económico en particular.   Baja operación de centros de cultivos en las regiones que, igualmente, es confirmada por el reciente Informe Sanitario para la Acuicultura (2023) elaborado por Sernapesca, en el cual se advierte que, de las 718 concesiones acuícolas constituidas en la región de Aysén, sólo 303 operaron durante el año 2023.

Tal vez, aunque sólo tal vez, resulta un mejor negocio tener concesiones otorgadas y sin operar, considerando que, desde el salvataje a la industria luego de la crisis por el Virus ISA, se permite que tales activos sean objeto de sustanciosas hipotecas constituidas, principalmente, con bancos internacionales. 

Asimismo, los múltiples procesos sancionatorios instruidos por la Superintendencia de Medio Ambiente por sobreproducción en centros de cultivo de diversas empresas que operan en la región han llevado a la presentación de múltiples Programas de Cumplimiento por parte de las infractoras que, entre otros, llegan al nivel de comprometer la reducción del 50% de la producción de los centros de cultivo.  Así lo  ha hecho la salmonera Australis, con el fin de morigerar las severas sanciones que arriesga por las gravísimas infracciones ambientales cometidas.

Esto último, a propósito de las cifras desplegadas por el reciente Informe Sanitario para la Acuicultura, ya ni siquiera es ocultado por los propios representantes de la industria. Francisca Rojas, gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, reconoció al medio Salmonexpert que "la baja en la operación de centros se explica mayoritariamente por la reducción de siembras de las empresas en el marco de los planes de cumplimiento, los que están a la espera de su aprobación por parte de la autoridad ambiental". Planes de cumplimiento que, de ser aprobados y cumplidos satisfactoriamente, ponen término (sin sanción) a procedimientos sancionatorios iniciados por la Superintendencia de Medio Ambiente.

No podemos sino destacar que el deterioro extremo de los ecosistemas que interviene la industria salmonera, de forma cada vez más frecuente, expone su fragilidad frente a riesgos sanitarios propios de cultivos intensivos de magnitudes industriales. Ante tal eventualidad el sector reacciona con cosechas anticipadas que se traducen, a la postre, en una menor productividad final por centro de cultivo.

Frente a la evidencia, la pregunta es si se avanzará decididamente en una transición justa y una diversificación productiva con énfasis local y sustentable, tal como prometió este gobierno. O, por el contrario, se fraguará un nuevo salvataje a la industria salmonera ?disfrazado de "gran pacto por el desarrollo de Aysén" o "plan de reactivación"?, tal como ocurrió en 2010 tras la crisis por el virus ISA.

Ya veremos? 

Por lo pronto habrá que estar vigilantes y activos frente a la construcción del "salvavidas"  a costa de derechos humanos de pueblos indígenas, por medio de la modificación a la Ley Lafkenche; de la postergación de otras actividades y usos del territorio con el posible otorgamiento de nuevos espacios para la acuicultura en la nueva Ley Acuícola, desvinculada de la regulación pesquera; o del sacrificio de áreas protegidas y ecosistemas valiosos, si se mantienen vigentes las concesiones salmoneras en éstas. O, tan o más grave aún, a costa del relajamiento de la institucionalidad ambiental, como se pretende con la modificación de la Ley de Bases del Medio Ambiente en el marco de la Agenda Pro Inversión. 

Esa agenda, de concretarse, no promoverá desarrollo. Sólo será un nuevo salvataje al Estado Salmonero.