Reiteradamente se escucha la advertencia de diversos actores del ámbito político, legislativo y judicial, sobre el peligro de caer en el populismo penal. Tales manifestaciones de preocupación no presentan como origen una mera disquisición teórica respecto de las definiciones legislativas que se adoptan en materia penal, sino que se fundan en un fenómeno que desde hace muchos años se viene observando en la gran mayoría de los países, y del cual, lamentablemente, no escapa el nuestro.

El populismo penal es el producto de una política pública que ofrece como primera  ? y muchas veces única - respuesta frente al fenómeno delictivo el endurecer la ley, tipificando nuevas conductas como delitos, aumentando las penas, estableciendo nuevas agravantes de responsabilidad penal o impidiendo que la sanción a imponer sea diversa a una efectiva privación de libertad; entendiendo que la privación de libertad es de alta carga criminógena: hoy por hoy, la cárcel es tristemente, la más formidable escuela del delito.

Este tipo de exclusiva respuesta o reacción que, como sociedad, presentamos frente al delito es criticable por diversas razones, siendo la más evidente su manifiesta inutilidad e incapacidad para frenar, menos aún reducir, la efectiva ocurrencia de delitos.

Desde la Defensoría Penal Pública nunca nos cansaremos de sostener que la delincuencia tiene múltiples formas de ser atacada con algún grado de eficacia y ninguna de ellas pasa por endurecer el sistema punitivo, ya considerablemente severo y desigual en su efectiva aplicación.

Uno de los autores más influyentes de la criminología a nivel mundial, el francés Alexandre Lacassagne, hace más de 100 atrás sostuvo que las sociedades tienen el nivel de delincuencia que cada una de éstas merece. Con esta afirmación lo que buscaba reflejar es que son otras medidas, diversas a las siempre fáciles, sencillas y efectistas medidas legislativas, las que se han de adoptar para enfrentar a la delincuencia. 

Si no estamos dispuestos a transitar por el largo, efectivo (no efectista) y, por cierto, costoso camino para atacar los reales factores gatillantes de la delincuencia - particularmente la de tipo juvenil - seguiremos dando palos de ciegos, y continuaremos sufriendo niveles de delincuencia que no retroceden y que, por no ser combatidos de una manera real y directa,  son aquellos que nos merecemos como sociedad, al no adoptar las debidas políticas públicas en aquellas áreas que sí constituyen los principales factores que explican la delincuencia.

Si queremos tener una sociedad más segura, necesariamente debemos invertir en mejores y mayores políticas sociales y económicas. 

En tan solo los últimos cinco años nuestra población penal a nivel nacional ha pasado de poco más de 39.000 presos a casi 61.000, registrándose un incremento de más del 55%. En nuestra región hemos pasado en los últimos cinco años de mantener 218 personas privadas de libertad a tener, al día de hoy, casi 370 en tal situación.

El hecho de que pocos se atrevan a sostener que los últimos cinco años la delincuencia haya retrocedido en nuestro país o región, es la mejor demostración de que el conjunto de medidas con las que debemos enfrentar la ocurrencia de delitos constituye un abanico muy variado, pero ninguna de las posibles vías de solución pasa, ni por cerca, por ir encarcelando cada día a más personas.