Chile se enorgullece internacionalmente de sus áreas protegidas, que representan un 37% de su superficie: 46 parques y 45 reservas nacionales. Sin embargo, al observar más allá de las estadísticas, el orgullo se transforma en estigma: actualmente un tercio de las concesiones de centros de engorda de salmones (408 en total) se emplazan al interior de las porciones marinas de estas áreas bajo salvaguarda, generando impactos irreversibles en ecosistemas únicos a nivel global.

Erwin Sandoval Gallardo, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), advierte que existe una contradicción entre lo que la normativa establece y lo que ocurre en la práctica. "El proceso de instalación de la acuicultura industrial al interior de parques y reservas nacionales es lisa y llanamente ilegal", recordando que Chile ratificó la Convención de Washington, tratado que prohíbe actividades de este tipo en estas áreas.  

El dirigente participó en el segundo capítulo de Paraíso Enjaulado, el podcast de la campaña Salvemos la Patagonia, donde se profundiza sobre la realidad de las áreas protegidas en Chile y las amenazas que enfrentan. 

Sandoval explica que la situación es aún más crítica en Aysén, donde se concentran más de 300 concesiones sólo en la Reserva Nacional Las Guaitecas. "Esta área protegida existe desde 1938, y aun así se permitió la instalación de la salmonicultura en su interior. Eso habla de un Estado que mira hacia el lado, nadie puede decir que lo tomó por sorpresa", señaló.

En su visión el resguardo ambiental en Chile suele quedarse en el papel. "Si uno lo lleva a términos cualitativos, el panorama es preocupante. Hay múltiples amenazas: minería en zonas aledañas, mega-parcelaciones, sobreproducción salmonera. La verdad es que la real protección de nuestras áreas protegidas es dudosa".

Frente a este escenario, apunta a la urgencia de implementar de manera efectiva la nueva institucionalidad que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pero previene que el proceso ya enfrenta presiones. "Sabemos que esa industria está tensionando la discusión de los reglamentos. El desafío es que no se vuelva letra muerta otra vez".

El problema, sostiene, no es sólo legal y socioambiental, también es democrático. "La protección de las áreas protegidas es una discusión de interés público, pero muchas veces terminan primando los intereses privados de la industria. Eso es lo que llamamos el Estado salmonero".