Hay hechos que obligan a detenerse. Que nos impactan, no solo como personas o como padres sino como comunidad. Es lo ocurrido en el marco de una reciente condena a un imputado de 55 años quien fue sentenciado a 20 años de presidio por haber cometido violaciones y abusos sexuales reiterados en contra de dos de sus hijas. Ilícitos cometidos a lo largo de los años, en diversas localidades de la región y también en el domicilio familiar.

Estos casos no son solo estadísticas ni informaciones, son heridas casi imposibles de sanar que afectan a víctimas y sus familias. Son el reflejo de una realidad que persiste en nuestro país, en nuestra región, y que nos obliga a mirar de frente a una pregunta incómoda pero urgente: ¿Cómo sociedad, como instituciones del Estado, estamos haciendo lo suficiente para prevenir los delitos sexuales?

La experiencia demuestra que los delitos sexuales, particularmente aquellos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, pocas veces son hechos aislados. Son, en muchos casos, parte de un patrón de abuso sistemático. El agresor suele estar en el círculo cercano en su rol de padre, padrastro, hermano, familiar o alguien en posición de confianza o autoridad.

Este caso recientemente informado, el cual fue investigado por la Fiscalía de Coyhaique y con diligencias realizadas por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI y el Servicio Médico Legal, deja en evidencia la magnitud del daño y la necesidad de actuar de manera integral. No solo se logró acreditar la participación del agresor en los hechos, sino también se consiguió una condena significativa.

Casos como este nos llevan a reflexionar sobre ¿cuántos casos similares permanecen ocultos, silenciados por el miedo, la vergüenza o la falta de redes de apoyo?

La prevención debiera comenzar antes de la existencia de una denuncia. La verdadera prevención es anticiparse, crear contextos seguros, promover una educación adecuada desde la infancia, capacitar a los adultos responsables como padres, madres, docentes, cuidadores, a fin de detectar señales de abuso.

Como comunidad, debemos entender que la prevención de los delitos sexuales es un trabajo de largo plazo, que se construye desde la confianza, desde la convicción de que los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados y a decir que no.

Por lo mismo, creo que es urgente que se fortalezcan los programas de prevención en los colegios y los entornos familiares. Cuando una víctima denuncia, rompe una cadena de abuso que muchas veces ha durado años. Sin embargo, denunciar no es fácil, porque requiere valentía y confianza en las instituciones.

Por eso, es tan importante que el Estado -a través de la Fiscalía, las policías, las instituciones ligadas a la salud- actuemos siempre con profesionalismo, empatía y celeridad en casos como este, donde el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la PDI permitió reunir pruebas, proteger a las víctimas, llevar el caso a juicio oral y conseguir una condena.

También necesitamos que la comunidad no haga caso omiso. Que si una niña o niño da señales de estar en peligro, que no se minimice, que no se calle. Las señales están. Lo que falta muchas veces es el valor para denunciar.

La condena de 20 años para este agresor no repara por sí sola el daño ocasionado. Pero representa un acto de justicia. Sin embargo, el camino de esa justicia no termina con la sentencia ya que es imprescindible que las víctimas reciban apoyo psicológico y social durante todo el proceso.

Casos como el mencionado, deben servir como un llamado de alerta para todas y todos, incluyendo a autoridades, instituciones, medios de comunicación, comunidades. Porque mientras una sola niña o niño siga siendo víctimas de delitos sexuales, nuestra tarea no estará cumplida.

En mi rol de fiscal, he visto que cada historia de delitos sexuales es una tragedia. Por lo anterior, tenemos el deber de construir una sociedad donde los niños y niñas crezcan libres de violencia y donde los agresores no encuentren impunidad. Para mí, prevenir es proteger, un acto que nos permite construir una mejor justicia.