Dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fenats) la Asociación de TENS - Técnicos (Fentess) región de Aysén y la Federación Nacional de Profesionales de la Salud (Fenpruss) dieron a conocer un comunicado en el que se refieren a las constantes agresiones que han sufrido algunos funcionarios y funcionarias en áreas específicas del Hospital de Puerto Aysén.

El documento señala que "las organizaciones gremiales que suscribimos, en representación y respaldo del equipo de enfermería de la Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos Psiquiátricos (UHCIP) y del servicio de Pediatría del Hospital de Puerto Aysén, denunciamos con absoluta firmeza la violencia verbal, psicológica y física continuada que sufren nuestras y nuestros colegas en el ejercicio de sus funciones por parte de usuarios menores de 18 años, y exigimos a las autoridades competentes medidas urgentes de protección, resguardo y responsabilidad legal". 

En el comunicado afirman que estos actos de violencia no solo van en contra de los funcionarios del hospital, "sino que van directamente en desmedro de la atención, seguridad y continuidad del cuidado de otros usuarios de la unidad. Cada episodio de violencia implica desvío de recursos humanos, interrupción de tratamientos, aumento del riesgo clínico y deterioro del ambiente terapéutico, vulnerando el derecho de todos los pacientes a recibir una atención oportuna, digna y segura". 

Frente a lo señalado anteriormente, los trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital de Puerto Aysén declararon que "la violencia física contra trabajadores de salud es intolerable y constituye una conducta que, si es cometida por adolescentes entre 14 y 17 años, puede ser perseguida penalmente bajo el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley N° 20.084), con sanciones y medidas que pueden incluir internación, libertad asistida, medidas de reparación y otros programas de reinserción, siempre bajo el principio del interés superior del adolescente y respeto de derechos, pero con responsabilidad penal efectiva". 

• En el caso de menores de 14 años, aunque no se persigue penalmente conforme al Código Penal, la ley obliga a la intervención inmediata de autoridades de protección de la infancia y del Tribunal de Familia para garantizar la seguridad de la víctima y aplicar las medidas de protección y apoyo correspondientes. 
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• Cabe recordar que el sistema de justicia juvenil chileno no exime de responsabilidad ni convierte en normal la violencia: reconoce la imputabilidad penal desde los 14 años, y establece consecuencias jurídicas que, en hechos graves, pueden significar internación, restricciones y obligaciones dirigidas a la corrección y responsabilidad del adolescente infractor. 

Debido a sus planteamientos, exigen al Servicio de Salud atender cuatro puntos centrales.

• Los dirigentes exigen que se establezcan protocolos claros y obligatorios de protección de personal sanitario frente a agresiones, con participación de seguridad institucional y fuerzas del orden. Asimismo, solicitan que se realicen capacitaciones y se destinen recursos y apoyo psicosocial para el personal agredido y mecanismos de reporte de incidentes efectivos. 

Por otro lado, piden que se tome acción concreta de supervisores, directivos y servicios de salud ante cada episodio de violencia, sin tolerancia ni dilación. 

• Por último, exigen que se haga cumplir la ley referente a adolescentes agresores: derivación a Fiscalía especializada en responsabilidad penal adolescente, activación de medidas de protección para víctimas y coordinación con Tribunales de Familia y Servicio de Protección de la Niñez y Adolescencia, según corresponda. 

El comunicado concluye indicando que "como gremios representativos del equipo de enfermería UHCIP y pediatría, no toleraremos más la normalización de la violencia. Exigimos una respuesta inmediata y efectiva de las autoridades competentes, con responsabilidad jurídica y protección real para quienes, día a día, cuidan de la salud mental de la población más vulnerable".