Coyhaique.- Una fuerte advertencia sobre el impacto de los recortes presupuestarios en los servicios públicos realizó la Mesa del Sector Público de Aysén, luego de entregar este miércoles una carta a la Delegación Presidencial Regional con su propuesta de reajuste salarial y mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del Estado.

La presentación, respaldada por 16 organizaciones sindicales y gremiales, entre ellas representantes de universidades, salud, municipalidades y la ANEF, estuvo marcada por las críticas a las decisiones presupuestarias del Gobierno y la preocupación por una eventual reducción de personal en distintas reparticiones públicas.

La presidenta regional de la ANEF y representante de la Mesa del Sector Público, Jéssica Almonacid, sostuvo que la situación va mucho más allá de una discusión salarial y apuntó directamente al debilitamiento de la función pública.

"Nosotros exigimos la estabilidad laboral, el resguardo de la función pública. Hoy lamentablemente vemos que hay recortes presupuestarios en el subtítulo 21, que tiene que ver con la contratación de personal, recortes en varios de los servicios. Tenemos el caso del INJUV, que se está cerrando administrativamente; hoy día quedan tres trabajadores del INJUV en la región y es lamentable que esté pasando esto. Hay recortes en los distintos programas, programas que atienden a la ciudadanía", cuestionó.

La dirigenta manifestó su preocupación por el presupuesto 2027 y los eventuales ajustes que podrían afectar a distintas instituciones. Mencionó situaciones en SernamEG, el INE, FOSIS y el área de Cultura, además de recortes que, según señaló, comprometerían la continuidad de programas de atención a la ciudadanía.

Un Estado que disminuye

Otro de los puntos que encendió las alertas de la Mesa del Sector Público es la falta de reposición de funcionarios que se acogen a retiro, situación que estaría generando sobrecarga laboral y debilitando áreas estratégicas de los servicios.

Almonacid explicó que existen reparticiones donde trabajadores se retiran sin que sus puestos sean reemplazados, dejando funciones sin continuidad.

"Por ejemplo, en un servicio se van seis compañeros y compañeras que tienen su justo derecho a jubilar; sin embargo, en trabajos y funciones estratégicas no está volviendo nadie a cumplir esas funciones. Eso es sumamente grave porque hay una sobrecarga de trabajo, pero además el sentido que tiene esto detrás, que nos preocupa, es la disminución del Estado".

Aysén, entre las regiones más perjudicadas por los recortes

Uno de los aspectos más críticos del planteamiento gremial tiene relación con las particularidades territoriales de la región. Almonacid sostuvo que "Cuando recortan un viático, cuando recortan un subtítulo 22, que es de bienes y servicios, nos vemos mucho más afectados que el resto del país, porque no podemos llegar a Villa O'Higgins, no podemos llegar a Cochrane, no podemos cumplir con el mandato que es acercarnos con las políticas públicas a los territorios y nos vemos muy afectados", afirmó.

La representante gremial planteó que el debilitamiento de la institucionalidad pública puede traducirse en mayores dificultades para acceder a salud, educación, becas estudiantiles y programas de apoyo a pequeños y medianos comerciantes.

"En la región de Aysén todo es público, tenemos un solo hospital. Si hay reducción de un programa en salud, eso va a significar que nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra vecina no se pueda atender, que tenga largas listas de espera. Y así con todo, con la educación, con las becas de los chiquillos que se van a estudiar, con Sercotec, que atiende a los medianos comerciantes. Entonces, todo nos afecta y tenemos que defender el Estado y tenemos que tener más presencia en las zonas más aisladas, en Villa O'Higgins, en Cochrane. No puede ser que se empiecen a cerrar servicios públicos", enfatizó.

Incumplimientos laborales y cambios al empleo público

Las críticas también apuntaron a compromisos laborales que, según la dirigenta, continúan sin concretarse. Entre ellos mencionó la implementación de la reducción de jornada a 40 horas para el sector público, el avance de la mesa de teletrabajo y el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el incentivo al retiro.

"Hay amenazas de no solamente recortes, sino también modificación del modelo de empleo público. Nosotros hemos pedido en reiterados gobiernos que se cambie el Estatuto Administrativo; sin embargo, hoy hay una comisión que lo está haciendo a espaldas de los trabajadores y las trabajadoras", sostuvo.

A estas inquietudes se suman demandas vinculadas a la libertad sindical, el respeto a los fueros y las garantías para ejercer funciones gremiales. Almonacid recalcó que varias de estas exigencias no buscan ampliar beneficios, sino asegurar el cumplimiento de derechos ya establecidos.

"No estamos pidiendo más derechos, sino que se respete lo que ya está", puntualizó.

Anuncian movilizaciones y llaman a defender la función pública

Frente a este escenario, la Mesa del Sector Público anunció que se mantendrá vigilante respecto de la discusión presupuestaria y la estabilidad laboral en las distintas reparticiones. A esto se suma el calendario de movilizaciones convocado por la CUT, que contempla actividades desde el 18 de noviembre y una jornada que busca incorporar también a la ciudadanía.

Respecto de la propuesta económica, la mesa está solicitando un reajuste del 6% nominal, equivalente a un 2% real, considerando una inflación de 4,3%. Almonacid advirtió que las negociaciones de los últimos años han significado una pérdida progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores públicos.

Sin embargo, insistió en que el fondo de la movilización no es exclusivamente salarial, sino que apunta a defender el rol del Estado y su capacidad de garantizar derechos y prestaciones en los distintos territorios.

"Claro, estamos pidiendo un 2% de reajuste, pero el fondo, lo que nosotros estamos pidiendo es que exista Estado, que exista mejor Estado, que atienda de mejor manera a la ciudadanía, que podamos llegar con programas sociales. Lamentablemente, nosotros estamos en un Estado subsidiario", expresó.

Finalmente, la dirigenta hizo un llamado a los trabajadores y a la comunidad regional a involucrarse en la defensa de los servicios públicos, advirtiendo que las consecuencias de las decisiones presupuestarias terminarán afectando principalmente a quienes dependen de la atención estatal.

"El llamado es a sacudirse un poco el miedo y a defender a la ciudadanía, a defender los derechos de la ciudadanía, porque si a nosotros nos siguen recortando presupuesto, los más afectados vamos a ser la población", concluyó.