Columnista, Colaborador
Se ha conocido sentencia de la Corte Suprema que dispone "retrotraer" los procedimientos de solicitudes de las Comunidades Pu Wapi y Antunen Rain "a la etapa de pronunciarse nuevamente la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, mediante una resolución debidamente fundada y con estricto apego a la normativa vigente".
Esto, en razón de que, en opinión de la Corte Suprema, "no se aprecian argumentos concretos, idóneos y categóricos que justifiquen la negativa a la solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios, por cuanto los cuestionamientos efectuados, tal como se analizó previamente, carecen de la suficiencia y entidad como para justificar un rechazo fundado".
Ha sido un largo camino el que han recorrido estas dos solicitudes; las sentencias judiciales definitivas se respetan y se ejecutan, más allá de las apreciaciones subjetivas que cada interesado tenga y de las opiniones que se puedan emitir y así lo ha señalado inmediatamente el Gobierno Regional de Aysén.
La discusión que se dio en torno a estas solicitudes fue intensa, con participación de numerosos intervinientes con distintas posiciones, con situaciones conflictivas de muy diferente naturaleza y entre muy diversos actores.
Lo dispuesto por la Corte Suprema abre un camino que debe ser recorrido de buena fe, con afán de superar aquellas disputas del año anterior, y que permita un término satisfactorio.
Es la oportunidad de recordar que, antes de la vista de las reclamaciones de los solicitantes interpuestas ante la Comisión, mediante carta enviada por correo electrónico solicité a la señora Gobernadora de Aysén "que convoque a todos quienes se manifiesten en calidad de interesados en las actividades del mar de la región, a una Mesa de Diálogo, con el propósito de avanzar en la configuración de los elementos necesarios y requeridos para el establecimiento de los Espacios Costeros Marinos Protegidos de los Pueblos Originarios de la región".
El llamamiento no fue escuchado, como tampoco anteriormente lo había sido la petición de las Comunidades solicitantes que, en carta de 28 de febrero de 2024, hicieron presente la necesidad de "instancias de diálogo y trabajo conjunto".
Ahora es la oportunidad de realizar el diálogo antes pedido por partes de posiciones distintas, sin excluir a nadie y acogiendo a todos quienes tengan derechos.


















