El 20 de febrero se concretó la audiencia de la causa R-40-2024 "Cooke Aquaculture Chile S.A con Superintendencia del Medio Ambiente" ante el Tribunal Ambiental de Valdivia, en la cual la empresa pretende impugnar la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que ordenó la detención parcial de las actividades en su centro de engorda de salmones "Huillines 3". Esto, ha señalado la SMA, por el incumplimiento de la normativa y a riesgos de daño ambiental en el Parque Nacional Laguna San Rafael donde se ubica dicha concesión.

La politóloga y directora de Incidencia Política de la Fundación Ecosur, Pamela Poo, puso paños fríos a la controversia señalando que, como toda empresa, Cooke puede presentar las reclamaciones que estime pertinentes frente a los actos de los organismos administrativos. Sin embargo, sí apuntó a que "se hagan declaraciones infundadas que plantean que habría una coordinación entre la SMA y la sociedad civil, con el fin de terminar con una industria".   

En su visión este tipo de frases germinan por el empoderamiento de este sector productivo "cuando el gobierno y actores políticos se hacen parte de discursos falsos, que buscan instalar la idea que el país está paralizado por temas ambientales y de permisos, siendo que hemos sido testigos cómo, de forma permanente, se está buscando los estándares". 

Además, la politóloga enfatizó en las consecuencias que tiene "dar manga ancha a una actividad económica como esta, significa terminar con ecosistemas de importancia y afecta a otras actividades económicas en la zona, que se realizan desde una lógica de adaptación".

La directora de la Fundación Chile Sustentable, Sara Larraín, puso énfasis en el rol que deben cumplir las instituciones públicas en la preservación de las áreas protegidas, lo cual en la generalidad no estaría ocurriendo.

"El principal culpable de la expansión de esta industria en áreas protegidas ha sido la falta de institucionalidad, de protección del medio ambiente y el hecho de haber mantenido estas decisiones a nivel de las autoridades sectoriales, descentralizadas en las distintas regiones pero que dependen de ministerios productivos" explicó. Puso de ejemplo a Sernapesca que está bajo el paraguas de Economía mientras que Conaf de Agricultura, carteras que tienen funciones principalmente productivas. "Estos ministerios siempre han optado por priorizar lo productivo en contra de la normativa de protección que ellos mismos deben resguardar", concluyó la dirigenta ecologista.

Los cargos contra Cooke

Actualmente Cooke enfrenta cargos por superar la producción máxima autorizada; existencia de residuos de origen acuícola a orillas del borde costero en sectores cercanos a las concesiones; emplazamiento de estructuras fuera del área de concesión; modificación del proyecto sin evaluación ambiental, entre otros. 

Durante la audiencia, el abogado de la empresa Emilio Vázquez argumentó que el cuestionado centro de engorda ha operado durante más de 15 años sin que se haya acreditado un daño inminente al medio ambiente. Reafirmando que éste no se encontraría dentro de los límites del Parque Nacional Laguna San Rafael.

Por su parte, la abogada de la SMA, Catalina Guzmán, entregó antecedentes que dan cuenta que las instalaciones sí estarían dentro del área protegida, basando su argumento en la cartografía oficial del Ministerio de Bienes Nacionales. Y esto es ilegal, toda vez que la acuicultura en parques nacionales está prohibida.

La profesional del organismo fiscalizador aseguró que la empresa ha incrementado su producción más allá de lo permitido, y de manera irregular, con respecto a la autorización inicial. Pasó de una capacidad estimada de producción de 125 toneladas a 5.000 en años recientes, configurándose la figura de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. A esto se agrega que este aumento sin evaluación genera un riesgo de daño ambiental en el parque. 

Ahora, el tribunal deberá resolver la reclamación presentada por Cooke y determinar si mantiene la medida impuesta por la SMA o acoge la impugnación de la empresa. Esta decisión será seguida de cerca por las organizaciones que son parte de la Alianza por la Defensa de las Áreas Protegidas que impulsa la campaña ¡Salvemos la Patagonia!, entre las que se encuentran las fundaciones Chile Sustentable y Ecosur.