Redacción, Diario El Divisadero
Hace pocos días nos enteramos de que la nueva ley de protección de datos personales, la Ley 21.719, no entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026, como estaba previsto. El 17 de noviembre, el Congreso despachó un proyecto que la posterga hasta el 15 de octubre de 2027, para dar tiempo a instalar la Agencia de Protección de Datos Personales, el organismo que deberá fiscalizarla. Solo falta que se promulgue y se publique.
Vale la pena recordar que, a comienzos de 2024, miles de personas en Chile hicieron fila en centros comerciales y estaciones de metro para que una esfera plateada les escaneara el iris. A cambio, recibían unos $25 mil pesos en criptomonedas. La empresa era Worldcoin- que en Chile operaba bajo la razón social de Wordlcoin Spa, luego Optimistic SpA- proyecto cofundado por Sam Altman.
Por supuesto, para estos efectos, nadie leyó la letra chica y no sabían que estaban entregando. El iris es un dato biométrico, que permite identificar a una persona de forma única y no se puede cambiar. Para que podamos medir la magnitud de este dato, comparémoslo con una contraseña, si se filtra, uno la cambia. Si se filtra un iris, no hay vuelta atrás.
En ese entonces, Chile no tenía una autoridad de datos personales con poder para frenar algo así. Quien actuó fue el SERNAC, y lo hizo con la herramienta que tenía a mano, la Ley de Protección de los Consumidores (19.496). En agosto de 2024 denunció a la empresa ante el Juzgado de Policía Local de Las Condes, remitiéndose los antecedentes al 1° Juzgado de Policía Local de Providencia, causa rol N°42.208-2025; el Servicio interpuso una denuncia infraccional por no informar de manera clara y previa qué haría con los datos, y pidió multas (900 UTM). Para justificar su intervención, el SERNAC invocó el artículo 15 bis de la Ley del Consumidor, del que hablaré más adelante. Durante el curso del proceso y a solicitud del Servicio, el Tribunal ordenó suspender la captación de datos biométricos de menores de edad que no tuvieran el consentimiento de sus padres. Respecto de los adultos, el tribunal no se pronunció.
Paralelamente en ese mismo año, por otra vía, un padre, presentó un recurso de protección para que se eliminasen los datos de su hija de 17 años a quien se le había escaneado el iris, y en enero de 2025 la Corte Suprema ordenó eliminar los datos biométricos. La Corte de Apelaciones de Santiago había rechazado el recurso, porque la empresa presentó un certificado, emitido por ella misma, que decía haber borrado los datos. La Corte Suprema revocó ese fallo ya que un certificado unilateral no garantizaba que el borrado realmente haya ocurrido, y el consentimiento de una adolescente debe verificarse "con especial celo y rigurosidad".
Estos dos casos, hubo reacciones serias, pero llegaron caso a caso y tarde para quienes ya habían pasado por la esfera. En España, en cambio, la autoridad de protección de datos ordenó en marzo de 2024 detener la recolección de forma preventiva. La diferencia no estuvo en la voluntad, sino en las herramientas, que actualmente Chile todavía tiene pendiente con la nueva ley de protección de datos.
La Ley 21.719 ha generado muchas expectativas. Con ella, los datos biométricos pasan a ser datos sensibles, con exigencias más altas para tratarlos. Además, se crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que podrá investigar por su cuenta y aplicar multas de hasta 20.000 UTM. A eso se suma, que lo más importante para una persona común son los plazos. Las empresas deben responder en 30 días corridos a quien pida acceder a sus datos, corregirlos o eliminarlos, y solo puede prorrogar ese plazo una vez. Si no responde o se niega, la persona reclama ante la Agencia, y ese procedimiento no puede durar más de seis meses. Si alguien pidió bloquear el uso de sus datos mientras se resuelve su caso y la empresa se negó, la Agencia tiene tres días hábiles para decidir.
Compárese con lo que pasó con Worldcoin. La denuncia del SERNAC se presentó en agosto de 2024 y, más de dos años después, la causa sigue sin sentencia.
La nueva ley de protección de datos, elimina el artículo 15 bis de la ley de protección de los consumidores, que permite a SERNAC proteger y denunciar ante vulneraciones en esta materia-como lo hizo en el proceso comentado. Con su postergación, esta norma seguirá vigente y por lo mismo no quedaremos totalmente desamparados como consumidores en lo que se refiere a nuestros datos, siempre pudiendo acudir a los Juzgados de Policía Local, eso sí, con mucha paciencia.
María Francisca Ortiz Oberg
Abogada senior, Protecta Legal
Master Executive en Derecho Digital y Tecnología.



























