El pasado viernes 27 de marzo todo el país se impactó al conocer del irracional ataque que un escolar concretó en un establecimiento educativo de Calama contra docentes y compañeros, hecho de extrema gravedad que le costó la vida a una inspectora y que dejó gravemente lesionados a cuatro compañeros del joven agresor.

Es evidente que una situación de las características que presenta este  dramático caso, no puede generar una reacción, por parte de la sociedad y de nuestro Estado, distinta a la aplicación del derecho penal; aun cuando por sus muy excepcionales e irracionales características, exige al sistema de justicia penal esclarecer debidamente si el agresor es un joven que presentaba, al momento del ataque, condiciones mentales normales que le permitan asumir su responsabilidad ante la justicia (imputabilidad).  

No se trata de evadir responsabilidades, es decir, no es posible esperar que este brutal ataque quede sin reacción por parte del sistema de justicia. Por el contrario, aún cuando se determinara que el atacante es una persona enferma mentalmente, lo más probable es que durante varios años no podrá recuperar su libertad. 

La diferencia es que si se reconoce en él a una persona enferma mental su privación de libertad no será impuesta para cumplir una sanción penal por lo realizado, sino que para recibir, como toda persona enferma, un tratamiento. 

Igualmente, dicha privación de libertad no la cumpliría en una cárcel, sino en un recinto psiquiátrico, que es el espacio en que las personas enfermas reciben tratamientos acordes a sus condiciones de salud, en este caso, mental.

Es fundamental tener el cuidado de que casos como los de Calama no nos lleven a una sobre reacción frente a la problemática estudiantil y, como muchas veces ocurre ante situaciones tan impactantes como la vivida en el norte del país, recurramos al camino simple y fácil, pero a la vez de eficiencia más que discutible, de sobreutilizar la amenaza y la persecución penal como una herramienta supuestamente adecuada o idónea para enfrentar el fenómeno de la violencia o los desajustes estudiantiles.

Priorizar la recurrencia al derecho penal ante problemáticas escolares normalmente resultará inadecuado, de momento que prioriza al castigo por sobre el aprendizaje, transformando un entorno esencialmente formativo en uno judicializado. Mientras los establecimientos educacionales deben tener como norte el desarrollar en sus estudiantes habilidades tales como la empatía y la sana resolución de conflictos, la lógica penal se centra en la sanción, lo que puede estigmatizar a los jóvenes y obstaculizar su desarrollo socioemocional. 

El derecho penal siempre es una herramienta que debe ser utilizada con mucho cuidado y prudencia, entre otras cosas, por los efectos estigmatizantes que conlleva. Cuando de niños, niñas o adolescentes se trata, este cuidado debe extremarse al máximo.