Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

Nuestro país es un continuo de noticias, algunas nos sacuden más que otras. La última que   ha conmocionado a la ciudadanía es la ocurrida el sábado 05 de julio en Iquique. Allí, cinco uniformados de la 1° Brigada Aérea fueron pillados trasladando 4 kilos de ketamina en un avión institucional desde la Base Los Cóndores a Santiago.

¿Sorprendido?

Debiera estarlo, porque esos aviadores formados, entrenados y pagados con dinero de todos los chilenos, estaban utilizando aeronaves propiedad del Estado para cometer un acto criminal. El destino de los aviones FACH es otro y se refiere a misiones de defensa nacional, seguridad aérea y apoyo a otras instituciones. ¡Nada más lejos de aquello! Hay un antecedente difícil (imposible) de olvidar cuando el '73  la aviación se unió a los sediciosos de las otras ramas de las fuerzas armadas y de orden y, ocupando material de la FACH, bombardearon La Moneda para derrocar al gobierno legalmente establecido. 

Ahora podría ser que también haya una colusión de las ramas de las FFAA y de Orden y estén permeadas por alguna organización criminal. Esto es especulación, pero todos entendemos que si se tira de un hilo suelto podríamos encontrar una madeja entera. 

Para entender la dimensión de este hecho es necesario saber que las organizaciones criminales, como la del Tren de Aragua, necesitan meterse en las instituciones, crear alianzas con ellas, no destruirlas, para lograr réditos económicos. Con este descubrimiento (transporte de ketamina en un avión FACH) queda claro que esos funcionarios estaban cooperando con el crimen, no era simplemente cooperar por omisión (por ejemplo, mirar para el lado), sino que estaban directamente involucrados. 

Y es allí cuando vienen todas las interrogantes, ¿actuaban de motu proprio? En una institución tan jerarquizada ¿podían actuar de manera independiente? ¿Hasta dónde llega el involucramiento institucional?

Al crimen organizado le interesa permear a instituciones como las FFAA para que éstas terminen trabajando para ellas. Así obran en los distintos países y les resulta. ¡Qué pobreza moral!

Este hecho se une a otros que han comprometido al Ejército. Siete militares fueron detectados traficando cocaína, trasladando 192 kilos de esta droga desde Iquique a la región Metropolitana, droga que provenía de Bolivia. Estos suboficiales del Ejército fueron dados de baja y formalizados por la Fiscalía de Tarapacá el 26 de junio. ¿También actuaban motu proprio?

Cuando la monserga es "dejar que las instituciones funcionen" o "las instituciones chilenas no son corruptas", cabría un análisis más profundo, estudiar los antecedentes y actuar-limpiar donde corresponda. 

La fiscal María Trinidad Steinert, de la Fiscalía de Tarapacá, ha sido implacable en perseguir a la organización criminal Tren de Aragua y es la que logró la condena de 12 integrantes de la megabanda. Ahora tiene a su cargo el caso FACH y adelantó que se mantendrá abierta a otras líneas investigativas y si existen otros responsables de este hecho. Que la dejen actuar dentro del marco de la Ley es un anhelo compartido por la ciudadanía, ya sabemos que la Justicia en Chile no es ciega.

El actual gobierno quiere que se investiguen los hechos y se sancione a los culpables. Debemos tener un próximo gobierno que siga en esta línea, por eso ya sabemos por quién votar en noviembre.