Editorial, Redacción La reciente visita del gobernador regional Marcelo Santana, junto a dirigentes gremiales, a Uruguay para conocer la experiencia de ese país en materia de zona franca vuelve a poner sobre la mesa un tema que Aysén arrastra desde hace más de una década.
La Zona Franca para nuestra región no es una idea nueva. Es un beneficio establecido por ley hace más de 14 años, pero que, en la práctica, no ha logrado avanzar hacia la instalación de un recinto franco. Hemos tenido una medida decretada, pero sin el desarrollo necesario para transformarla en una realidad concreta para el territorio.
Por eso, que el Gobierno Regional esté buscando conocer experiencias, recoger la opinión de los gremios y del sector privado y, al mismo tiempo, conversar con el Ministerio de Hacienda, constituye una señal que merece atención. No porque una visita al extranjero resuelva por sí sola una discusión que ha sido larga y compleja, sino porque permite volver a poner el tema en movimiento.
El actual gobernador ha manifestado su interés en avanzar hacia una zona franca en las cercanías de Puerto Aysén. Para que esa posibilidad prospere, será necesario analizar con seriedad sus beneficios, costos, condiciones, impacto económico y viabilidad. También será fundamental escuchar a quienes desarrollan actividades productivas y comerciales en la región, porque cualquier cambio en el régimen actual debe considerar sus efectos sobre el territorio y sus habitantes.
Después de 14 años, probablemente el mayor problema ya no sea discutir indefinidamente si una zona franca es buena o mala para Aysén. El desafío es contar con información suficiente para tomar una decisión. Si existen condiciones para concretarla, habrá que avanzar. Si los estudios demuestran que no es conveniente o viable, también corresponde decirlo con claridad.
Lo que no parece razonable es mantener indefinidamente una disposición legal que no se implementa y que termina convirtiéndose en una promesa pendiente.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles son las alternativas y qué beneficios concretos podría generar una zona franca para Aysén. También tiene derecho a saber cuáles serían sus costos y riesgos. La discusión debe ser técnica, pero también ciudadana, porque finalmente se trata de una decisión que puede tener efectos sobre la economía regional.
Ojalá esta señal permita romper una inercia que ya lleva demasiado tiempo. Aysén necesita menos declaraciones pendientes y más decisiones. Y en el caso de la Zona Franca, después de 14 años, ya es momento de avanzar hacia una definición.
