Redacción, Diario El Divisadero 
El diputado René Alinco pidió al Gobierno aclarar si existió una diferencia de trato en la revisión de licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron fuera del país durante sus períodos de reposo.
Para Alinco, la discusión no debe concentrarse únicamente en la situación particular de la autoridad regional, sino también en establecer si el Estado aplicó el mismo procedimiento y criterio utilizado en otros casos que terminaron con investigaciones, sanciones administrativas o destituciones.
La solicitud del parlamentario surgió luego de conocerse antecedentes relacionados con la actual Seremi de Desarrollo Social de Aysén, cuya licencia médica fue posteriormente revocada y rechazada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), luego de verificarse una salida del país durante el período correspondiente.
"Aquí existe una duda razonable que el Gobierno debe despejar: ¿todos los funcionarios que fueron sumariados, sancionados o destituidos tuvieron la misma posibilidad de que su licencia fuera revisada y dejada sin efecto antes de adoptar una decisión disciplinaria?", plantea Alinco.
El parlamentario sostuvo que la revocación o el rechazo posterior de una licencia médica no elimina el hecho material del viaje ni permite descartar automáticamente las posibles responsabilidades administrativas asociadas a esa conducta.
En ese contexto, solicitó que el Ejecutivo informe qué antecedentes conocía antes del nombramiento de la autoridad, quiénes participaron en su evaluación y si se efectuó una revisión formal de los criterios de probidad.
"El problema ya no es únicamente la licencia médica. El problema es si se aplicó el mismo estándar a todos o si, frente a hechos semejantes, existieron procedimientos y consecuencias distintas", afirmó Alinco.
El diputado recalcó que no corresponde establecer responsabilidades antes de conocer todos los antecedentes. Sin embargo, aseguró que el Gobierno tiene el deber de transparentar el criterio utilizado, especialmente porque se trata de una autoridad de confianza política y de una materia por la cual numerosos trabajadores públicos han enfrentado sanciones severas.
"No estoy condenando a nadie por anticipado. Estoy preguntando algo muy simple: ¿la misma salida administrativa que se aplicó aquí estuvo disponible para los trabajadores que terminaron destituidos? Si la respuesta es no, entonces el Gobierno tiene un problema serio de doble estándar", concluyó.
