Boletín 15589-07: Avanzando un paso y retrocediendo dos

Hace unos meses atrás escribí, en este mismo espacio, sobre el proyecto de ley que busca rebajar la edad de imputabilidad de nuestros adolescentes, de lo peligroso que puede resultar someter demasiado temprano a nuestros menores de edad a un proceso penal que, muchas veces, no se enfoca en su resocialización, sino que en imponerles un castigo. Sin embargo, este no es el único proyecto de ley preocupante.

Existe además un proyecto de ley que busca, en palabras simples, el aumento de sanciones para adolescentes que cometan delitos de mayor gravedad, como homicidio, secuestro y tortura. Me refiero al Boletín 15589-07. Respecto a este, el 1 de septiembre, la Defensoría de la Niñez, publicó un comunicado oficial, que más bien puede leerse como una advertencia, respecto a las consecuencias negativas que su implementación puede acarrear.  

Uno de los puntos sobre el que la Defensoría de la Niñez advierte, es cómo este proyecto de ley va en contra del eje central del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es, justamente, la reinserción social. 

En mi calidad de defensora penal con especialidad en adolescentes, coincido plenamente con el planteamiento de la Defensoría de la Niñez. Primero, porque sin haberse estudiado resultados concretos respecto a la gran modificación que ya le hicimos a la ley de responsabilidad adolescente, que ni siquiera se encuentra vigente en todo el país, estamos buscando endurecer sus sanciones. Y segundo, porque la respuesta al fenómeno de la delincuencia juvenil no es la imposición de castigos más severos.

La ley 21527 trajo un cambio esquemático al sistema de responsabilidad penal adolescente, buscando la implementación de un Servicio para y con los jóvenes, con intervenciones especializadas y, más importante, personalizadas. Cabe preguntarse entonces ¿para qué este gran cambio si vamos a contradecir la esencia misma de una institución que apenas ha comenzado a operar? 

Por otro lado, la Defensoría de la Niñez hace presente que no hay evidencia que demuestre que el endurecimiento de las penas sea una medida efectiva para reducir la delincuencia, lo que desmiente la lógica detrás del proyecto de ley, como es la preocupación por el aumento de involucramiento de adolescentes en delitos graves. 

Muy por el contrario, los estudios muestran que un modelo focalizado en la intervención psicosocial, en la inserción educacional y laboral de los jóvenes, es mucho más efectivo en materia de reinserción social, que es la apuesta que trae consigo el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y la ley 21527.

Es como si avanzáramos un paso y retrocediéramos dos. Por un lado, tenemos una institucionalidad fresca, que parecía traer un aire esperanzador para un verdadero cambio de paradigma en el sistema. Y por otro, volvemos a caer en la criminalización de la adolescencia. 

Cuando un adolescente llega a un proceso penal es porque el sistema falló; es porque, como sociedad, llegamos demasiado tarde. Por ello, me parece importante enfatizar lo transcendental que son las políticas de prevención, es ahí donde debemos centrarnos, en buscar las causas que están detrás de la conducta delictiva, y que nos llevan a discutir la sanción que debemos imponerle a un joven que no requiere un castigo, sino una oportunidad.