Antes de concluir este mes de la infancia, es oportuno quedarnos con una reflexión sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad. Allí destaca la importancia de la Defensa penal especializada de adolescentes, destinada a quienes, en plena etapa de desarrollo, enfrentan un proceso penal en calidad de imputados.

Desde su creación, la Defensoría Penal Pública ha tenido un mandato claro: proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de los tribunales penales, y que carezcan de abogado. Pero en el caso de los imputados adolescentes, esta misión adquiere una dimensión distinta. No se trata solo de garantizar derechos, sino también de hacer valer que estamos frente a sujetos cuya edad y condición demandan un trato especializado.

En efecto, en agosto de 1990, Chile firmó la Convención de los derechos del niño. En dicho instrumento, entre otras cosas, nuestro país asumió la obligación de establecer "…leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes?" (Artículo 40 N° 3). 

Por ello la Defensoría ha impulsado la creación de defensas especializadas, con formación en psicología del desarrollo, pedagogía y abordajes interdisciplinarios, que permiten situar el conflicto penal con enfoque en las trayectorias vitales de cada joven. En nuestra Región, la Defensoría Penal Pública cuenta con un Equipo especializado conformado por una Abogada y una Trabajadora social.

Más aún, en tiempos que la delincuencia y la seguridad pública han cobrado protagonismo, es indispensable "poner a los niños y niñas primero". Esto significa atender a las causas de la delincuencia juvenil y no solamente sus efectos. En el "Análisis de factores asociados en la reincidencia de comisión de delitos de Ley 20.084 en jóvenes de la Región de Aysén", que ha sido  recientemente publicado por doña Orietta Rodríguez Sepúlveda, Trabajadora social de nuestro servicio, se documenta como el consumo de drogas y/o alcohol, están presentes en la mayoría de los delitos, sea de forma directa o indirecta.

También hay que mitigar otros factores de riesgo, tales como la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes (negligencia parental, violencia intrafamiliar, explotación sexual, y deserción escolar); el aumento del crimen organizado y la narco cultura, que normalizan la violencia y la ilegalidad como forma de reconocimiento y modelo de emprendimiento.

Como servicio público, reafirmamos nuestro compromiso con la Defensa penal especializada de adolescentes. Sin embargo, es indispensable profundizar las iniciativas de protección de derechos y de reinserción social, como una forma más efectiva e integral de hacer frente a la delincuencia de menores de edad.