En cualquier instancia de información noticiosa, ud. coincidirá conmigo, resulta habitual encontrarnos con recurrentes cuestionamientos a alguna decisión judicial por haber dispuesto el liberar o no dejar tras las rejas a quien se informa como presunto culpable de algún delito. 

Así, en lugar de cuestionarnos cuáles son las razones por las que una persona es privada de su libertad, la interrogante se plantea, muchas veces acompañada de incredulidad o incluso molestia, en torno al por qué una persona quedó libre mientras se la investiga.

Así, comenzamos como sociedad a entender que la libertad no ha de ser la regla general para todos, sino que solo para algunas personas y, de este modo, se va depreciando ese valor tan esencial en una sociedad sana y respetuosa de los derechos fundamentales de quienes la integramos, como lo es la libertad.

La máxima de que es preferible liberar a un culpable antes que condenar a un inocente no es únicamente un aforismo legal; constituye el cimiento ético de cualquier sociedad que se pretenda civilizada. 

En el ámbito de la justicia penal, donde el Estado despliega su máximo poder de coacción, la distribución del riesgo de error judicial es un reflejo directo de la calidad democrática de un país. Cuando un sistema penal se enfrenta a la incertidumbre, el costo de un posible error en la decisión de culpabilidad o inocencia del acusado debe ser asumido inequívocamente por la sociedad y sus instituciones, jamás por la persona inculpada.

El proceso penal es por definición asimétrico. De un lado se encuentra el aparato estatal, con todo su poder de investigación, recursos económicos y monopolio de la fuerza. Del otro, un individuo cuya libertad, reputación y proyecto de vida penden de un hilo. Permitir que el riesgo de una equivocación recaiga sobre el ciudadano acusado, implicaría validar una tiranía utilitarista. Significaría aceptar que la tranquilidad colectiva justifica el sacrificio de un inocente. Sin embargo, la verdadera seguridad jurídica no se construye aumentando la tasa de condenas a cualquier precio, sino garantizando que ningún ciudadano sea privado de su libertad sin una certeza institucional absoluta.

Si el tribunal decide condenar ante la duda, para supuestamente "proteger a la sociedad" de un peligro potencial, comete una injusticia doble. Por un lado, destruye la vida de una persona inocente. Por el otro, deja al verdadero culpable en las calles, perpetuando la impunidad bajo una falsa ilusión de justicia. 

El error judicial que perjudica al imputado deslegitima al sistema entero, mina la confianza pública en los tribunales y transforma la justicia en una lotería estatal perversa.