Los diarios, periódicos, revistas y medios digitales de Chile, reunidos en Torres del Paine, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con motivo del XXXIII Encuentro de Diarios Regionales (EDR), adoptamos por unanimidad de los asistentes los siguientes acuerdos:

1. Condenamos el alarmante incremento de las agresiones físicas, las amenazas y el acoso virtual contra periodistas y trabajadores de las comunicaciones. Estas acciones de violencia coartan gravemente la libertad de informar. El Estado no puede convertirse en cómplice de esta violencia por omisión. Instamos, por tanto, a implementar políticas de protección efectivas en el plano administrativo, y a avanzar en la tramitación del proyecto de ley que resguarda a los profesionales de la prensa, especialmente frente a las crecientes amenazas del crimen organizado.
2. Reiteramos nuestra profunda preocupación por las restricciones judiciales en la cobertura de casos de alto interés público. El uso indebido del principio de presunción de inocencia para limitar el acceso a la información, estableciendo restricciones que atentan directamente contra el derecho fundamental de la ciudadanía a ser informada.
3. Expresamos nuestra alarma por la drástica caída de Chile en el Ranking Mundial de Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras. Este retroceso constituye una señal de alerta sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo, tal como lo consigna el propio informe, que advierte que "el periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones a periodistas se multiplican", mientras "los procesos judiciales contra medios y periodistas se han convertido en una estrategia recurrente para silenciar". Esta situación exige una acción decidida del Estado para fortalecer las garantías de la libertad de prensa. 
4. Exigimos el estricto y transparente cumplimiento de la normativa sobre publicidad estatal. Constatamos que la información sobre el cumplimiento legal del 40% para medios regionales no se encuentra fácilmente disponible por parte de las autoridades de gobierno, y su entrega ha sido dificultosa e incompleta. Asimismo, rechazamos categóricamente el desvío de estos fondos a agencias intermediarias, pues desvirtúa el propósito de la ley y amenaza la sostenibilidad de la prensa local, pilar fundamental para la democracia en las regiones. Por otra parte, hacemos un llamado a modernizar y aumentar los recursos del Fondo de Medios de Comunicación. 
5. En un contexto de necesario fortalecimiento de la descentralización en todos los ámbitos de la vida nacional, como medios asociados a la ANP ratificamos nuestro compromiso con una prensa robusta, sana y responsable. La estimación de destinar a las regiones el 80% de los proyectos de inversión (que según el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, equivaldría a 110 mil millones de dólares) nos obliga a manifestar nuestra preocupación por la falta de preparación en seguridad e infraestructura que presentan algunas zonas del país para acoger estos proyectos. En dicho escenario, reafirmamos nuestro rol de fiscalización del poder local y como vehículo para el diálogo cívico, contribuyendo así a un progreso equitativo, a un país más cohesionado y a una ciudadanía mejor informada. 
6. Hemos estado atentos a los intentos fallidos de aprobar leyes que limitan las publicaciones electorales o que sancionan la publicación de filtraciones judiciales, incluso en casos de interés público, y valoramos que en estas instancias el Congreso haya estado disponible para escuchar nuestros planteamientos. Con todo, hacemos un llamado al Ejecutivo y al Congreso para que toda nueva legislación resguarde sin ambigüedades el ejercicio libre del periodismo, a diferencia de lo que apreciamos con inquietud en la inclusión de los medios en la Ley del Lobby, así como en otras iniciativas que buscan obligar sobre qué se dice y lee en la prensa.

Torres del Paine, 3 de octubre de 2025