Estudio revela que 6,3 millones de hectáreas costeras-marinas protegidas de la Patagonia están en peligro
Redacción, Diario El Divisadero 
El maritorio o área marina-costera de la Patagonia (Aysén y Magallanes) posee ocho Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (ASP): las reservas nacionales Kawésqar, Las Guaitecas y Katalalixar, y los parques nacionales Bernardo O'Higgins, Alberto de Agostini, Laguna San Rafael e Isla Magdalena. En total, suman (al menos siete de ellas) 6,3 millones de hectáreas que -por su carácter de área protegida- deberían contar con planes de protección efectiva a mediano y largo plazo por parte del gobierno chileno.
Sin embargo, de acuerdo a un estudio realizado por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile (UACh), en la práctica no han sido consideradas en la institucionalidad ambiental y política pública referente a la gestión de áreas protegidas.
Esta información científica fue entregada por el programa a los miembros del Comité Nacional de Áreas Protegidas del Estado (CNAP) con el objetivo de que "sea revisada y analizada en el marco de las facultades de cada institución pública que conforma el CNAP y del trabajo coordinado del mismo, para que se valorice esta porción de maritorio que tiene características naturales y culturales únicas en nuestro planeta, y se desplieguen los esfuerzos interinstitucionales necesarios para su conservación, apoyando el trabajo que ha venido realizando la Conaf en esta materia", señaló César Guala, director del Programa Austral Patagonia de la UACH.
El estudio, entre otras cosas, analizó la cartografía, los decretos de cada área y los dictámenes de la Contraloría Nacional de la República, lo que permitió clarificar cuáles son los límites de estas ocho Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASP) ubicadas en la Patagonia chilena y calcular que se trata de estas 6,3 millones de hectáreas que están en constante peligro debido a la ausencia de políticas públicas de conservación que se lleven a la práctica.
La información analizada, indica que estas ASP no han sido consideradas directamente en políticas públicas país, como en las metas Aichi de alcance global y que incluye compromisos mundiales suscritos por nuestro país, tampoco han sido incluidas en catastros oficiales del Estado como los del Ministerio de Medio Ambiente o la Subsecretaría de Pesca, excluyéndose, por lo tanto, de los esfuerzos y presupuestos de gestión y protección costero-marino.
César Guala comentó que "entendemos que las dificultades geográficas y la diversidad de actores que convergen en la administración y supervigilancia del maritorio en nuestro país, han dificultado la gestión y protección de la porción marina de las áreas protegidas". Sin embargo, asegura que "por lo mismo, hace unos años decidimos tratar de contribuir con la investigación y análisis de estas áreas, y colaborar con la Conaf en los esfuerzos que han hecho por administrar la zona marino-costera de las Áreas Silvestres Protegidas, aun cuando no tienen los recursos y capacidades técnicas y logísticas para ello".
Escenario crítico: acuicultura sigue expandiéndose en las ASP
La protección efectiva de las 6,3 millones de hectáreas costero-marinas se ha vuelto critica a ojos de los especialistas, ya que se trata de ecosistemas que han estado expuestos a distintos factores que amenazan su integridad ecológica y conservación.
Uno de ellos es la acuicultura intensiva, en particular la salmonicultura: hay, en total, 411 concesiones de acuicultura dentro de las Áreas Protegidas del Estado, y 134 nuevas concesiones en trámite. Solo en lo referido a parques nacionales, al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini existen 19 concesiones de salmonicultura, 3 en el Parque Nacional Laguna San Rafael y 4 en Parque Nacional Isla Magdalena. Esto, a pesar de que la ley prohíbe explícitamente la acuicultura dentro de esta figura de conservación, señalan desde la UACH.
"Esperamos que esta información sea considerada por los ministerios y servicios del Estado para avanzar hacia la coordinación interinstitucional de las entidades con atribuciones en el área costero-marino y, en particular, que la Unidad de Catastro de Bienes Nacionales regularice los límites de estas áreas protegidas. Esto no sólo es indispensable para apoyar la labor de la Conaf en la administración de estas áreas, sino también para lograr la protección efectiva del maritorio de la Patagonia chilena", sostuvo Aldo Farías, investigador y coordinador ejecutivo del Programa Austral Patagonia.
Institucionalidad vigente
Cabe recordar que el Comité Nacional de Áreas Protegidas (CNAP) se creó en 2014 con el objetivo de impulsar el Plan de Acción de Áreas Protegidas liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, para avanzar en la creación y consolidación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que permita cerrar las brechas relacionadas a la protección oficial y efectiva de muestras representativas de los ecosistemas terrestres y marinos de Chile.
El CNAP está integrado por representantes del Ministerio de Bienes Nacionales; la Corporación Nacional Forestal (Conaf); la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; el Consejo de Monumentos Nacionales; la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; la Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de Turismo y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, coordinados por el Ministerio del Medio Ambiente.
Todos ellos recibieron una copia del estudio técnico denominado "Análisis de la Cobertura Marina en Áreas Silvestres Protegidas en Patagonia", con su correspondiente información cartográfica, y del informe científico "Protección Costera-Marina en la Patagonia: Situación Presente, Avances y Desafíos", publicado en el libro "Conservación en la Patagonia Chilena: Evaluación del Conocimiento, Oportunidades y Desafíos" en noviembre del año pasado.
Estos informes complementan el trabajo colectivo del Grupo Patagonia Mar y Tierra, compuesto por organizaciones que, junto CONAF, promueven la gestión efectiva de los parques nacionales y la protección de los ecosistemas de la Patagonia chilena.
