"Cuando se genera corrupción en las instituciones del Estado, toda la comunidad sufre las consecuencias de algún fraude u otro delito, porque ese dinero utilizado para fines personales, son fondos públicos que deben ser usados en beneficio de las personas que integran la sociedad, no para beneficiar a alguien en específico de forma ilícita". 

De esta manera se refirió el fiscal regional Carlos Palma Guerra a este tipo de delitos, que en los últimos años han experimentado una sostenida alza a nivel regional. A fin de detectar estos hechos e investigarlos, indicó que el Ministerio Público dirige investigaciones penales buscando aclarar las denuncias de forma profesional y objetiva, para que en aquellos casos donde exista delito, se acuse a los responsables ante los Tribunales de Justicia.  

Precisó el fiscal regional que esta labor investigativa "la efectuamos de forma totalmente independiente e imparcial, ocupando distintas técnicas investigativas y pericias, a través de las brigadas y laboratorios especializados y el trabajo colaborativo con otras instituciones del Estado". 

Agregó que la cantidad de delitos en este ámbito en Chile no es menor. "Entre enero y septiembre de este año, se denunciaron 2.118 delitos funcionarios a nivel país. En la Región de Aysén, esta cifra corresponde a 36 delitos denunciados, con imputados conocidos y desconocidos. La mayoría corresponde a hechos denunciados en Coyhaique, Puerto Aysén, Cochrane, Guaitecas, Cisnes y Chile Chico, los cuales investigamos en su totalidad para aclarar los hechos contenidos en las denuncias y tener certeza jurídica de cómo proceder".  

Respecto de lo que ocurre finalmente con esas denuncias, en el país se registran 3.786 términos en investigaciones por delitos funcionarios, entre enero y septiembre de este año. 

"En Aysén logramos terminar 88 delitos, 5 con sentencias definitivas condenatorias, 41 con suspensiones condicionales, 3 con acuerdos reparatorios, entre otras salidas que incluye el sistema penal. Actualmente en nuestra región, existen 54 investigaciones vigentes, denunciadas en distintos años, 16 de las cuales son tramitadas bajo el rótulo de malversación de caudales públicos, 11 por fraude al fisco, 10 por usurpación de propiedad, 5 por cohecho, 3 por prevaricación, 2 por negociación incompatible, entre otros hechos".

Carlos Palma señaló que en caso de comprobarse la existencia de un delito en estos casos, por cierto tendrán una influencia negativa no solo para las arcas fiscales, sino también en socavar la confianza de la comunidad en sus funcionarios públicos, que deberían actuar con total apego a la probidad administrativa. 

"De las personas que trabajan para el Estado, se espera que observen una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo. De lo contrario, habrá una sanción", sentenció. 

Y en este sentido, la investigación por corrupción pública que ha logrado la pena más alta en nuestro país, tuvo como lugar de ocurrencia una localidad de la Región de Aysén. Recientemente y después que los Tribunales de Justicia dejaran a firme la condena, es decir, sin posibilidades de recurrir en contra de ella, fue condenado a 10 años de cárcel como autor del delito de malversación de fondos públicos, el ex alcalde de la comuna de Guaitecas. Otros tres colaboradores de la entonces autoridad también fueron condenados, con diferentes penas. 

"A la luz de lo anterior, es aún más evidente que nuestro país requiere que sus funcionarios públicos, actúen de acuerdo con las normas vigentes y se desenvuelvan en su trabajo con altos estándares éticos", reforzó. 

"Porque los efectos de la corrupción pública nos importan, hemos coordinado como Fiscalía Regional de Aysén, una serie de talleres de capacitación y reuniones de trabajo con otros organismos, los cuales han sido altamente valorados por quienes participan de estas iniciativas", relevó. 

"Observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular, no solo debe ser el interés de la ley 20.880, que regula en nuestro país el principio de probidad en el ejercicio de la función pública, sino también necesita ser un objetivo conocido e internalizado por quienes trabajamos en el servicio público", concluyó el fiscal regional.