Investigación de delitos en zonas portuarias: una oportunidad para Aysén

En las últimas décadas, los puertos del país se han consolidado como infraestructuras clave para el desarrollo económico de Chile. Sin embargo, también se han convertido en puntos de alto interés para organizaciones criminales nacionales e internacionales que ven en ellos una puerta de entrada o salida para actividades ilícitas como tráfico de drogas, desviación de precursores químicos, contrabando, tráfico de armas y lavado de activos, entre otros delitos.

Frente a este escenario, resulta relevante fortalecer las capacidades investigativas en las zonas portuarias. Es así que el Ministerio Público, consciente de esta realidad, dio un paso importante en noviembre del año pasado al nombrar fiscales especiales para abordar delitos complejos en los terminales marítimos del país. 

En el caso de la macrozona sur austral, esta responsabilidad recayó en el Fiscal Regional de Magallanes, con el objetivo de coordinar y liderar una estrategia penal eficaz contra el crimen organizado que pueda operar en puertos del sur, incluidos los de la Región de Aysén.

Recientemente, tuve la oportunidad de participar en una reunión de coordinación en Punta Arenas junto a representantes de distintas instituciones públicas. En ese encuentro se discutieron estrategias concretas que pueden fortalecer el trabajo investigativo en los terminales marítimos de nuestra región. La experiencia fue clarificadora en el sentido de que no solo existe una voluntad transversal para abordar este problema, sino también la certeza de que se necesita una respuesta sistémica y técnica permanente.

Como es un hecho público, Aysén no está ajena a la amenaza del tráfico de drogas, las cuales ingresan a esta zona a través de diversas vías. Con diversos casos investigados y aclarados por las Policías y el Ministerio Público, queda claro que incluso regiones con menor volumen portuario, como la nuestra, pueden ser utilizadas como eslabones logísticos por organizaciones criminales.

Este tipo de delitos no solo vulneran nuestras fronteras y leyes, sino que también dañan la confianza pública, alteran la seguridad de la comunidad e introducen riesgos a nuestra economía regional. Por eso es tan relevante mantener una coordinación efectiva entre el Ministerio Público, Aduanas, Armada, empresas portuarias, policías y organismos fiscalizadores. Una estrategia interagencial bien articulada puede marcar la diferencia entre la prevención temprana o la reacción tardía.

Además, es clave avanzar en el país hacia la modernización tecnológica de los sistemas de control portuario y el uso de inteligencia artificial para análisis de patrones criminales, entre otros. A esto se suma la necesidad de establecer canales de cooperación público-privada, ya que las empresas que operan en los puertos también tienen un rol fundamental en la detección y denuncia de irregularidades.

La seguridad portuaria no es solo una cuestión penal o policial: es también una condición básica para el desarrollo económico y social. Garantizar terminales seguros impulsa la actividad pesquera, el turismo, la exportación de recursos naturales y la atracción de nuevas inversiones. 

Desde mi perspectiva, la implementación permanente de políticas preventivas genera beneficios transversales como fomentar el empleo formal, profesionalizar al personal de seguridad y elevar los estándares éticos en toda la cadena logística portuaria. Pero quizás lo más importante es que protege a las comunidades locales de los impactos del crimen organizado, que muchas veces llega silencioso pero deja consecuencias profundas.

Tras la reunión en Punta Arenas, reafirmamos nuestra convicción de que Aysén no solo debe sumarse a esta estrategia nacional, sino que puede ayudar a coordinar una respuesta ejemplar desde la macrozona sur austral. Nuestra ventaja radica en la cercanía entre las instituciones y en la fluidez del trabajo colaborativo.

Tenemos la oportunidad, y también la responsabilidad, de anticiparnos. De fortalecer nuestros puertos antes de que se transformen en zonas vulnerables. De trabajar unidos para asegurar que la Región de Aysén sea un lugar de mayor desarrollo y seguridad.

Porque al proteger nuestros puertos, estamos protegiendo mucho más que carga, contenedores o envíos, estamos también defendiendo el presente y el futuro de nuestras comunidades, con las actuales y futuras generaciones.