Ni la víctima ni el SernamEG fueron notificados sobre la libertad de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo
Redacción, Diario El Divisadero 
Una grave falla en el procedimiento de notificación quedó al descubierto en el caso de la libertad condicional concedida a Mauricio Ortega, quien fuera condenado por el brutal ataque que dejó ciega a Nabila Rifo. Tanto la víctima como el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) de la región de Aysén aseguran que no fueron informados oficialmente de la resolución de la Comisión de Libertad Condicional, vulnerando su derecho a ser escuchadas antes de la decisión. La revelación generó fuertes críticas desde el gobierno, que anunció medidas urgentes de protección para Rifo y su familia.
La secretaria regional ministerial de la Mujer en Aysén, Isidora Gacitúa, confirmó de manera categórica que el servicio a su cargo no recibió ninguna notificación sobre las dos oportunidades en que Mauricio Ortega solicitó su libertad en octubre, a pesar que la ley así lo mandata. Peor aún, en visitas domiciliarias, constataron que la propia Nabila Rifo tampoco fue notificada.
"Efectivamente, eso es lo que estaba siguiendo, el servicio debió haber sido notificado, eso no sucedió", afirmó la seremi. Y agregó: "Revisamos los domicilios donde había sido notificada y no concuerdan con su actual domicilio, sino que es el domicilio que está en el sistema a partir de la causa que se llevó a cabo en el año 2018". Esto significa que la notificación llegó a una dirección antigua, dejando a la víctima, que tiene discapacidad visual, fuera del proceso.
Para la autoridad, esta omisión es crucial: "Para nuestro juicio como servicio efectivamente se ha vulnerado el derecho [a ser escuchada] y ese es el reclamo y la aprehensión que nosotros tenemos".
Frente a este escenario, el Ministro de Justicia se refirió al caso, en una entrevista en Radio Cooperativa, destacando el profundo impacto que tienen estas situaciones en la confianza ciudadana. "Hoy día tenemos un problema que es bien profundo en nuestro sistema democrático, que es la baja confianza en el sistema de justicia", declaró el secretario de Estado. Y advirtió: "Lamentablemente cuando no se es lo suficientemente cuidadoso en casos tan graves... esa confianza se mina".
Medidas de Protección y Recursos Legales
Ante la libertad de Ortega, la seremi de la Mujer, Isidora Gacitúa, detalló las acciones inmediatas que se están tomando para proteger a Nabila Rifo y a sus cuatro hijos. Una de las medidas concretas es la "instalación de cámaras de seguridad en el domicilio de la víctima, para resguardar su integridad". Si bien no se entregaron detalles específicos sobre su ubicación por seguridad, se confirmó que esta gestión se realiza en coordinación con otros servicios públicos.
Además, se está brindando atención de salud para los hijos de Rifo y se mantiene un acompañamiento permanente. La Seremi fue enfática en hacer un llamado a los medios y a la comunidad: "Pedir responsabilidad... a no sobreexponer, a no revictimizar".
Respecto a las acciones legales, la autoridad regional confirmó que, si bien se respeta la resolución, no se está de acuerdo con ella. "Estamos evaluando todas las instancias legales que nos da el marco judicial... para poder generar algunas acciones", señaló, aclarando que los equipos jurídicos nacionales y regionales se están tomando el tiempo necesario para presentar los recursos de forma correcta.
Crítica al Sistema y la Perspectiva de Género
El caso ha puesto en evidencia una crítica mayor sobre cómo opera el sistema. La autoridad regional apuntó directamente a la falta de perspectiva de género en la toma de decisiones: "Parece que todavía tenemos un camino por recorrer con respecto a la incorporación de la perspectiva de género en materia judicial... El problema son los procedimientos, cómo se están llevando a cabo y la incorporación de la perspectiva de género en esa toma de decisiones".
Con la integridad de Nabila Rifo nuevamente en riesgo, las instituciones a cargo de su protección se movilizan en dos frentes: la contención y seguridad inmediata, y una batalla legal que busca revisar una decisión que, sostienen, se tomó sin escuchar a quien más importaba: la víctima.
