Salmoneras recibieron $28.598 millones en subsidios a la mano de obra mientras infringían derechos laborales
Redacción, Diario El Divisadero 
Los subsidios a la mano de obra en zonas extremas existen desde 1975, creados vía Decreto Ley por la dictadura. En 2003 pasaron a tener rango legal, y recién desde el 2013 se exige a los empleadores no tener prácticas antisindicales ni vulnerar derechos laborales, exigencia que corre solo para condenas judiciales y no multas de la Dirección del Trabajo. Por eso es que, a pesar de registrar 1.367 multas entre 2013 y 2023, 31 empresas salmoneras han seguido recibiendo estos subsidios por $28.598 millones, según develó una investigación de Fundación Terram publicada en CIPER.
Esa redacción jurídica generó que la exigencia incorporada en 2013 fuera letra muerta, tanto como medida disuasiva y de castigo, ya que, al revisar el listado de las empresas condenadas judicialmente por prácticas antisindicales y vulnerar derechos laborales publicado semestralmente por la DT, ninguna de las 31 empresas salmoneras beneficiadas con subsidios aparece registrada entre 2013 y 2023, por lo que esa exigencia legal no tuvo ningún efecto práctico.
Las seis empresas salmoneras más beneficiadas en este periodo fueron Aquachile, Invermar, Cermaq, Nova Austral, Salmones Antártica y Salmones Austral (ver tabla), mientras incurrieron en infracciones como incumplir contratos colectivos, no pagar salarios, obligar a mujeres embarazadas a trabajar 7,5 horas de pie sin un lugar de descanso, no otorgar descansos legales o no informar a la mutual accidentes que pueden generar incapacidad para trabajar o la muerte del trabajador, entre las 1.367 multas que cursó la Dirección del Trabajo a las 31 empresas beneficiadas.
De forma más extendida, desde que existe la ley, las empresas salmoneras han recibido más de $67.000 millones de pesos para cubrir el 17% de más de dos millones de salarios, según la investigación.
Según Maximiliano Bazán, periodista de Fundación Terram y autor de la investigación, "este tema es relevante porque se trata de grandes volúmenes de recursos públicos cuya eficacia debiese ser evaluada por el Estado, algo que no ha ocurrido hasta hoy, por lo que cabe preguntarse si este tipo de subsidios realmente fomentan la contratación de mano de obra, si acaso son un verdadero incentivo para aumentar el nivel de los salarios o si, por el contrario, solo sirven para reducir los costos de las empresas, particularmente en industrias como la salmonera, con altos niveles de ganancias y que no parecieran necesitar de ayudas del Estado".
Subsidios a la mano de obra recibidos por empresas salmoneras mientras infringieron derechos laborales (2013-2023)
El año 2002, durante la tramitación de la ley que creó el subsidio a la mano de obra, la investigación agrega que ya existían varias críticas en torno a si se justificaba que industrias altamente competitivas a nivel internacional y con grandes utilidades, como es la salmonera, recibieran recursos públicos para financiar salarios. Senadores de ese entonces, como Jaime Gazmuri (PS) -embajador de Chile en Venezuela hasta enero de 2025- y Alejandro Foxley (DC) -posterior ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2009-, criticaban que la fórmula del subsidio respondía a una concepción obsoleta de fomento productivo y daba cuenta de un uso ineficiente de recursos públicos.
Pese a que el proyecto original en 2002 establecía que desde el año 2005 el porcentaje de bonificación respecto de los salarios comenzaría a descender gradualmente hasta poner término el año 2013 (ver tabla), esto nunca ocurrió, siendo prorrogado en las mismas condiciones hasta el año 2035.
Incumplimientos y posible fraude al Fisco
En el segundo capítulo, la investigación expone que trece empresas salmoneras habrían accedido a subsidios sin cumplir requisitos legales, por trabajadores que recibían un salario menor al exigido por la Ley 19.853 -20% superior al mínimo legal-, por otros que no residían ni trabajaban en la zona objeto del beneficio e incluso por trabajadores que habían sido desvinculados.
Según la Tesorería General de la República, la ley le permite "aceptar una declaración jurada en que el empleador manifieste que se encuentra al día en las cotizaciones previsionales y que el monto del beneficio cuyo pago está impetrando lo ha determinado conforme a la normativa vigente". En base a la misma respuesta, algo similar ocurre con los otros requisitos, donde la información entregada por las empresas al momento de solicitar el subsidio se asume como verdad hasta que se demuestre lo contrario, siempre que exista fiscalización.
El artículo 2° de la Ley 19.853 dice que "constituirá delito de fraude al Fisco y se sancionará con presidio menor, en sus grados medio a máximo, la obtención de la bonificación de que trata este artículo ejecutado a través de la inclusión en planillas de trabajadores inexistentes o con domicilio en otra zona, la falsedad en cuanto al monto de las remuneraciones efectivamente pagadas e imponibles por la empresa".
A pesar de haber sido estas las causales de obtención indebida del beneficio, aun cuando la Tesorería pidió la restitución de los dineros, en ninguno de estos casos derivó los antecedentes al Ministerio Público.
Subsidios a la mano de obra obtenidos ilegalmente por empresas salmoneras identificados por la Tesorería General de la República (2014-2023)
