Dos hechos recientes vuelven a demostrar el riesgo de la salmonicultura dentro de las áreas protegidas de la Patagonia. El primero, el fallo que condena a ex ejecutivos de Nova Austral por contaminar repetidamente las aguas en Porvenir, entre 2016 y 2019. La investigación determinó que la gerencia de la empresa entregó información falsa a la autoridad, ocultó y manipuló cifras, y extendió la sobreproducción de salmones en el Parque Nacional Alberto de Agostini causando un daño ambiental grave y comprobado a su biodiversidad, aguas y fondo marino.

¿La condena? 800 días de presidio remitido y multas por $1.650.000, que demuestra que contaminar áreas protegidas es prácticamente gratis. El monto es irrisorio frente a, por ejemplo, los $44 millones de multa que recibió una persona en La Unión por matar un huillín, especie en peligro.

El segundo es el derrame de al menos 7 mil litros de hidrocarburos en un centro de salmones de Australis Mar en el Seno Glacier, al interior de la Reserva Nacional Kawésqar. Habrá trabajos de contención, informes y anuncios de sanciones, que no servirán para reparar el daño a esta área protegida de la Patagonia. 

En Los Lagos, Aysén y Magallanes hay 1.380 concesiones salmoneras. De ellas, un tercio (408) están en parques y reservas nacionales, lo que pone en riesgo a áreas que fueron creadas para proteger esta biodiversidad clave para Chile y el mundo. 

Por eso, junto a varias organizaciones, impulsamos la campaña Salvemos la Patagonia, cuyo objetivo es la salida de las salmoneras de estas áreas protegidas, sin relocalización.

Los últimos hechos muestran dos riesgos permanentes en estas áreas: empresas que operan saltando normas y causando impactos ambientales, y accidentes que terminan afectando los ecosistemas. 

En los últimos días, y preparando su encuentro gremial, la industria salmonera ha levantado la voz contra la permisología, la incertidumbre de las políticas públicas, o quienes -acusan- buscan frenar la inversión y el crecimiento. Lo cierto es que su verdadero enemigo está en la forma de operar de algunos actores de esta industria, no en quienes buscan resguardar parques y reservas que se crearon, precisamente, para ser protegidas. 

No es un problema de leyes para la protección ambiental, que existen. La fiscalización siempre es compleja y escasa por falta de medios, pero no es excusa. Una empresa responsable debe autorregularse y cumplir la ley, como base. Desde Frutillar, el Salmón Summit 2025 buscará interpelar al país para el despliegue de la "economía azul" y el desarrollo sostenible.

Un primer paso real y concreto para ello es que las salmoneras salgan de las áreas protegidas de la Patagonia chilena. Y sin relocalización.