Una fiscalía para perseguir el crimen organizado y delitos de alta complejidad

En un momento complejo para la seguridad pública de nuestro país, donde el crimen organizado ha dejado de ser una amenaza para transformarse en una realidad, la aprobación del proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial representa un punto de inflexión para el sistema de justicia penal.

Esta nueva institucionalidad se incorpora a la Ley Orgánica del Ministerio Público y será la encargada de investigar los delitos cometidos en contexto de crimen organizado o de alta complejidad. Lo anterior, en la medida que existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial de la investigación, en más de una región o transnacional.

Aprobada en tercer trámite y sin oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de haberse aprobado también en segundo trámite constitucional en la Sala del Senado, la Fiscalía Supraterritorial es probablemente el cambio más relevante del Ministerio Público desde la Reforma Procesal Penal, la cual se inició en nuestra Región de Aysén el 16 de diciembre del año 2002.

Como es un hecho, el crimen que enfrenta nuestro país no se circunscribe a una frontera y por lo mismo, como Fiscalía requeríamos pensar fuera de la caja, innovar y que se estableciera una nueva infraestructura que supere los límites regionales.

Por lo mismo, la Fiscalía Supraterritorial emerge como una respuesta estratégica frente a un crimen organizado que ha superado su nivel de sofisticación, alcance macro zonal y violencia.

Creo que esta iniciativa es una oportunidad para Chile. Esta capacidad de actuar a lo largo y ancho del país resulta clave en un contexto donde el narcotráfico, la trata de personas y los delitos económicos operan con redes que no reconocen las divisiones administrativas chilenas.

Además, el diseño de esta Fiscalía incluye una dotación altamente especializada con 35 fiscales y 63 funcionarios de apoyo, con exigentes estándares de experiencia en crimen organizado y litigación compleja. La incorporación de un Sistema de Análisis Criminal, con un enfoque nacional, también marca una diferencia positiva en la investigación delictual.

La señal que envía esta reforma es significativa: el Estado se atreve a innovar frente a nuevas formas de criminalidad. Sin duda, esta iniciativa permitirá una mayor coordinación dentro del Ministerio Público, promoviendo además nuevos mecanismos de rendición de cuentas y atención a víctimas y testigos.

Por cierto, los resultados no serán inmediatos, debido a su implementación gradual. Además, el éxito de esta Fiscalía Supraterritorial dependerá en gran parte de su capacidad de coordinarse eficazmente con las Fiscalías Regionales, las policías y con todas las instituciones involucradas.

La Fiscalía Supraterritorial será un eje articulador dentro de un ecosistema de investigación y persecución penal, donde siempre será necesaria y bienvenida una inversión continua en tecnología, formación y cooperación internacional.

Personalmente creo que el crimen organizado no es solo una preocupación en materia de seguridad, sino una amenaza estructural al Estado de Derecho y a la democracia. El Ministerio Público, con esta herramienta, se moderniza y se adapta a una nueva era de desafíos, donde la coordinación, la especialización y una visión estratégica son elementos fundamentales para estar a la altura del nuevo escenario en materia criminal.