Vulneraciones en el Sename: La búsqueda de una verdad

Hemos sabido que se ha iniciado el proceso de investigación de casos de la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad sobre vulneraciones de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes resguardados por el Sename (Servicio Nacional de Menores). Esta comisión originalmente abordaría el período que va entre 1979 y 2021, pero dada la presencia aún de irregularidades en el nuevo servicio, Mejor Niñez, se extendió ? lo que parece razonable- hasta el 2024. 

Hablamos de profesionales que se entregarán a la dura tarea de oír y registrar la voz de cientos de personas, adultos, jóvenes, niños y niñas que pondrán de manifiesto algunos de los horrores sufridos a lo largo de 45 años de funcionamiento del sistema.

Este hito, que es la consecuencia esperada de la constitución de la comisión en diciembre de 2024, nos enfrenta a la pregunta sobre la posibilidad de elaborar los daños derivados de la traumatización producida por la violencia del Estado contra niños, niñas y adolescentes que recibieron tratos crueles, inhumanos y degradantes, llegando al punto de transgredir su integridad psíquica, física y produciendo en su peor expresión la muerte, todo bajo la promesa de su cuidado y protección. 

Los desarrollos de la clínica del trauma señalan que éste último se constituye en dos tiempos, un momento primero en el que ocurre un hecho real abusivo que interrumpe la continuidad de la existencia y un segundo momento en el que se produce la desmentida por parte del entorno cercano y social, que niega que efectivamente haya sucedido algo abusivo. 

Desde esta perspectiva, un elemento central de lo traumático se ubica en este segundo momento. Los silencios, las faltas de reconocimiento, la falta de verdad, justicia y reparación profundizan el trauma. De ahí la gran importancia de este trabajo que debe venir a desbaratar el discurso socialmente organizado de la desmentida, permitiendo que el acontecer traumático se procese en la presencia de otro y en el marco de una recomposición de la matriz individual, relacional y social.

Cuesta hablar de este tema y más aún reconocer el silencio cómplice de tantos años. Nos obligó la muerte de Lissette Villa en 2016 cuando el relato espantoso y pormenorizado de su absurda muerte se repitió en los medios de prensa y nos impidió seguir sosteniendo la indulgencia con la que estos casos eran abordados por las autoridades hasta ese año. Antes de Lisette, ya nos había conmovido como sociedad el llamado Informe Jeldres que se dio a conocer en Chile en julio de 2013 con cifras que costaba digerir, por ejemplo, se confirmó que el 88?% de las residencias registraron vulneraciones graves y que el 100?% de los centros públicos del Sename incurrieron en prácticas sistemáticas que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, lo saben algunos miembros de la actual comisión que estuvieron ahí, la historia se remonta años atrás, con la ratificación en 1990 de la Convención sobre los Derechos del Niño que comprometía al país a adecuar su normativa y políticas en materia de infancia y con la creación bajo el gobierno de Patricio Aylwin de la primera de varias comisiones presidenciales que buscarían los modos de enfrentar lo que los informes del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas indicaron una y otra vez desde 1992: la necesidad de crear una nueva ley dirigida a la infancia y la obligación ética atender a las malas condiciones de la niñez bajo protección estatal y las vulneraciones de derecho producidas. 

Aun cuando no podemos negar los avances del actual gobierno que incluyen la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la promulgación de la muy esperada Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la reforma integral al sistema de adopción  y la comisión que motiva esta reflexión, es también cierto que la cantidad de años que hemos decidido esperar como sociedad para detener esta violencia, es alarmante. También es cierto que en este esfuerzo de último tiempo, quedaron fuera de este proceso las víctimas de entornos eclesiásticos, lo que fue denunciado dolorosamente por la Red de sobrevivientes. 

La comisión no es un mero acto político, representa una oportunidad que no debemos perder como sociedad de superar la desmentida que por años ha tomado la forma de eufemismos, contradicciones y un "en la medida de lo posible" hasta ahora grabado a fuego en la historia de nuestro país. Aunque cueste, es un imperativo ético oír esos testimonios, reconocer esas experiencias y sobre todo, no olvidar.