"Urge mejorar sistema de salud para personas con patologías psiquiátricas investigadas por delitos"

Días atrás, y en un ambiente en el que la fuga de presos se tomaba la agenda mediática, la opinión pública nacional se sorprendió con un titular que señalaba que, en Coyhaique "Imputada por parricidio es autorizada a fumar sin uso de grilletes en estacionamiento de hospital. Esto, a raíz de una autorización del Tribunal de Garantía de Coyhaique. Desde la Asociación de Gendarmes aseguran que se trata de algo "insólito".

El titular, y los airados comentarios pasaron, pero no se abordó el fondo del problema o se señaló que la mujer estaba internada en la unidad de salud mental del Hospital Regional, por una causa suspendida a la espera de evaluación de imputabilidad que debía hacer el Servicio Médico Legal; que el delito investigado era un parricidio en grado tentado; que tenía un diagnóstico previo de patología psiquiátrica y un severo problema de adicciones, por lo que fumar, aunque no era una solución óptima, disminuía su ansiedad. 

Tampoco se indicó, que la custodiaban dos gendarmes día y noche y permanecía engrillada a su cama las 24 horas del día, los 7 días de la semana (desde el 9 al 30 de agosto), incluso estando dormida y que, además, se le administraban medicamentos psiquiátricos. Tampoco se señaló que existen normas internacionales -tales como las Reglas de Bangkok y la Convención Belem do Pará- que prohíben el trato inhumano o degradante a las personas detenidas, como por ejemplo estar encadenada a una cama y sólo ser desengrillada para ir al baño, más aún si son mujeres, y con discapacidad mental.

"Entendemos que Gendarmería esté más reactivo a raíz de las últimas situaciones de fuga de internos. Su preocupación puede ser válida, pero los derechos de las personas y, especialmente la consideración de la perspectiva de género en su análisis, son argumentos que no son transables", comentó Mauricio Martínez, defensor penal público de Coyhaique.

Para el defensor Martínez, esta lamentable situación permitió visibilizar un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo en el país y, particularmente, en la Región de Aysén "en esta audiencia quedó demostrado todo lo que se debe mejorar en el sistema penal respecto de imputados que presentan patologías psiquiátricas que afectan su imputabilidad. Necesitamos un Servicio Médico Legal que tenga un psiquiatra disponible de manera permanente, o al menos regular, para peritajes. Necesitamos una unidad de salud mental con capacidad e infraestructura idónea para que las internaciones provisionales ofrezcan condiciones, cuando menos mínimas, por el tiempo que sea necesario, a las personas que son investigadas penalmente y que requieran de esta internación, sin afectar el cupo de las demás personas con problemas de salud mental de la región". 

La realidad, explica Mauricio Martínez, es que cada vez que una persona con patología psiquiátrica es investigada por algún delito que se considere grave en nuestra región, que requiera para el resguardo de sí misma o de los afectados por el delito, de una internación provisional (lo que no es extraño ni poco frecuente), el sistema se encuentra frente a un complejo escenario: en la región no existen centros de internación para salud mental, a excepción de una unidad de corta estadía para adultos dentro del Hospital Regional, con 10 camas; y una unidad para adolescentes en el hospital de Puerto Aysén, con 8 camas. A estas unidades llegan personas de toda la región que presentan desequilibrios por enfermedades psiquiátricas, depresiones severas, etc., que deben ser internadas y monitoreadas por tiempo acotado para asegurar su salud mental. 

"A este mismo lugar deben llegar aquellas que son derivadas por los juzgados de garantía mientras se determina si son o no imputables, con peritajes que se están demorando incluso hasta un año, pues el Servicio Médico Legal no cuenta con perito psiquiatra forense, debiendo recurrir a contrataciones extraordinarias que no tienen aseguradas fechas específicas y derivando, en los casos más urgentes, dichas pericias a otros servicios, de manera telemática, situación que a todas luces atenta contra el derecho de estas personas, sujetas a una privación de libertad, de ser juzgadas dentro de un plazo razonable o de recibir una respuesta oportuna por parte del Estado, para aclarar rápidamente su situación procesal", comentó.

"Evidentemente los cupos de salud mental disponibles en la región no alcanzan a cubrir las necesidades existentes y, si se le suman las derivaciones de los tribunales, el sistema simplemente no da abasto. Entonces, los intervinientes nos encontramos en la incómoda situación de tener que presionar o adoptar medias porque cada uno tiene una misión que cumplir", explicó el defensor penal.

Luisa Cornejo, jueza de garantía, señaló en la última audiencia realizada en el caso que dio origen a esta discusión pública que "no puede ser que ante la carencia de recursos, esto signifique empeorar la situación de una persona imputada (comparativamente a otros imputados). Lo ideal en todos los casos (de imputados con patologías psiquiátricas) es que permanecieran en un centro psiquiátrico, pero en la región no hay tales psiquiátricos y si quisiéramos recurrir a uno de fuera de la región, nos encontramos con que no hay cupo. Yo no puedo obligar al Estado a entregar más recursos para la salud mental, así que no nos queda más opción que, entre los intervinientes, trabajar con los recursos que tenemos".

Imputados con patologías psiquiátricas

Para ejemplificar la situación general, Mauricio Martínez señaló que entre los años 2021 y 2025 son más cincuenta personas con patologías psiquiátricas en la región, las que han sido imputadas de delitos "se trata de casos que han llegado a la justicia, pero sabemos que hay otras situaciones que pueden no ser judicializadas (…) esto nos demuestra que no es un problema menor, que necesitamos que el sistema de salud mental cuente  con más recursos para responder a las necesidades de justicia de la comunidad, del respeto de derechos y garantías de todas las personas, y evitar colapsar nuestro sistema hospitalario".

Por su parte, Orietta Rodríguez, trabajadora social de la Defensoría Penal Pública en Aysén, con un Máster en Adicciones de la Universidad De León, España; señaló que la situación de las personas con problemas mentales investigadas por delitos en nuestra región es compleja porque, "en mi experiencia, el 70%, aproximadamente, de las personas con patologías psiquiátricas tiene además un problema de adicción a drogas lícitas o ilícitas. Son personas que, en la mayoría de los casos, no han recibido el tratamiento específico que necesitaban por lo que es muy posible que desarrollen conductas de riesgo para sí mismas y/o terceros. Cuando son acusadas de delito, el sistema no cuenta con los recursos para intervenir la enfermedad de base y la adicción asociada. Tampoco se les puede ingresar a las cárceles en prisión preventiva porque, por seguridad y derechos fundamentales, no pueden estar con la población común (?)", señaló. 

La profesional explicó que, si bien existen en la región programas de salud mental y tratamientos ambulatorios y residenciales para mujeres, hombres y adolescentes que pertenecen a Fonasa o Prais, estos deben ser derivados por el servicio de Salud o por el Cosam, dependiendo de la edad y el género. Además, los cupos son limitados, ya que los recursos también lo son. "Se ha avanzado en los últimos años, pero no lo suficiente. Necesitamos más dispositivos que permitan abordar la situación de salud mental en sus diversos grados de complejidad y ojalá actuar anticipadamente, de manera de mantener bajo control a quienes pudieran tener conductas de riesgo", dijo.

Finalmente, el defensor local Mauricio Martínez, destacó que entendiendo la complejidad de la situación de las personas con patologías psiquiátricas imputadas, es que la Defensoría Penal Pública cuenta con defensores y defensoras que han estudiado el tema en profundidad de manera de ofrecer una defensa especializada "esto nos permite ver los puntos de mejora del sistema. Sabemos que las soluciones toman tiempo y recursos, pero son temas que debemos visibilizar y conversar en los espacios pertinentes, para lograr cambios efectivos", concluyó.