Colaboración ciudadana: El motor de la persecución penal

La reciente formalización de un imputado por cinco robos con intimidación y un uso malicioso de tarjeta de débito en Coyhaique -hechos cometidos entre el 14 y el 27 de agosto- deja una lección nítida: cuando la comunidad se organiza, denuncia y entrega antecedentes concretos, la persecución penal avanza con mayor velocidad y precisión.
Durante menos de dos semanas, distintos servicentros y locales comerciales fueron atacados, principalmente de madrugada. El autor simulaba ser cliente, esperaba quedar a solas con un trabajador y lo intimidaba con gestos y amenazas verbales que hacían presumir la presencia de un arma. Más allá del perjuicio económico, estas conductas dañan la seguridad y la integridad psicológica de las víctimas.
La ciudadanía en esta investigación destacó: administradores y dependientes que denunciaron a tiempo, dirigentas y dirigentes vecinales que compartieron información útil, comerciantes que resguardaron y entregaron registros audiovisuales, y testigos que aportaron descripciones consistentes.
Con toda esta información fue posible para la Fiscalía y la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones acotar líneas de búsqueda, reconocer patrones y acelerar la identificación del imputado. El tribunal, al ponderar la evidencia reunida, acogió la prisión preventiva por el peligro que su libertad representaba para la seguridad de la sociedad.
La experiencia confirma algo esencial: las juntas de vecinos, las cámaras de comercio y las organizaciones territoriales no son espectadores, son agentes fundamentales en el combate de la delincuencia. Su aporte es un eslabón necesario para que la persecución penal avance en coordinación con Fiscalía, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
Cuando la comunidad denuncia a tiempo, resguarda registros, y participa del proceso penal, se activa una cadena virtuosa: la información llega con calidad probatoria, las policías orientan mejor sus diligencias y la Fiscalía puede sustentar decisiones frente a los tribunales. En esa alianza práctica -comunidad, Carabineros, Policía de Investigaciones y Fiscalía- cada eslabón fortalece al siguiente y convierte los hechos en resultados concretos.
Otro ejemplo reciente lo ilustra con claridad. A fines de septiembre, tras un procedimiento ante el Juzgado de Garantía, la justicia dispuso la expulsión del país de un ciudadano brasileño de 45 años, detenido reiteradamente por incivilidades y delitos en Coyhaique, incluyendo un robo con intimidación que valió una condena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo. Esta investigación nació con la comunicación de una Junta de Vecinos a la Fiscalía: un canal simple, directo y responsable que permitió cruzar información y ordenar diligencias. No todos quienes sufren un delito se atreven a denunciar; lo entendemos. Pero cada aviso formal -de una víctima, un testigo o una organización- abre la puerta para investigar mejor, prevenir nuevas afectaciones y entregar respuestas penales que devuelvan tranquilidad a nuestros barrios.
La delincuencia es un flagelo que sólo podremos derrotar entre todos. La Fiscalía tiene un rol indelegable: proteger a víctimas y testigos y dirigir las investigaciones. Nuestro desafío es que la información que la comunidad aporta -cuando denuncia y entrega antecedentes- sea útil y jurídicamente aprovechable; que ingrese por canales formales, como en nuestra página web, para orientar el trabajo de Carabineros y la PDI y sostener decisiones ante los tribunales. Así fortalecemos una cadena donde cada eslabón cuenta y aseguramos respuestas penales más rápidas y efectivas.
La fiscalía regional de Aysén valora y necesita la colaboración ciudadana. Nuestro compromiso es tratar cada denuncia con seriedad y cuidar a las víctimas. La seguridad pública se construye desde la comunidad: cuando vecinos y comerciantes colaboran, y ese esfuerzo se enlaza con el trabajo profesional de Carabineros y la PDI, la justicia llega antes y llega mejor. Así, nuestra región sigue siendo una comunidad que se cuida.