Recientemente vivimos un hecho histórico para la salmonicultura nacional: la sesión del Plan Salmón 2050 en Aysén. 

Esta iniciativa, impulsada por autoridades locales, gremios, parlamentarios y trabajadores, busca presentar medidas concretas y una hoja de ruta para reactivar una industria presente en seis regiones del país.

Lamentablemente, pese a la potente confluencia de voluntades políticas y sociales para avanzar de manera inmediata en medidas reactivadoras, desde el Estado vemos señales contradictorias que confunden y, abiertamente, menoscaban la voluntad y el sentir desde las regiones.

Mientras el Ministerio de Hacienda y algunos órganos sectoriales avanzan positivamente en agendas de permisología y trámites, desde el Ministerio del Medio Ambiente y servicios como Conaf, SBAP, SEA o SMA se implementan reglamentos, guías y resoluciones en sentido contrario, a través de procesos opacos y sesgados, que generan incertidumbre y pérdida de competitividad.

De poco sirve el reconocimiento de la relevancia de la acuicultura en debates como el Salmón Summit o el apoyo al Plan Salmón 2050, si desde el nivel central no se transparenta esta contradicción que mantiene estancada a la salmonicultura pese a su potencial económico para las regiones australes.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades actuales y futuras para que escuchen a las regiones, analicen las restricciones implementadas y desarrollen un trabajo coherente y consistente, buscando los equilibrios necesarios. 

La salmonicultura representa una oportunidad de desarrollo sostenible que no podemos desaprovechar por falta de coordinación institucional, voluntad política o sesgos ideológicos que perjudican a nuestro país y sus regiones.