Juzgado de Puerto Aysén acoge demanda de funcionaria de salud y ordena reparación económica
Redacción, Diario El Divisadero 
El Juzgado de Puerto Aysén con competencia laboral acogió una demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales interpuesta por una funcionaria del Servicio de Salud Aysén, tras comprobar que fue sometida a cambios unilaterales en sus condiciones laborales que le provocaron un trastorno adaptativo de origen laboral. La sentencia condena al empleador a una indemnización de $30 millones, restituir su grado profesional y realizar disculpas públicas.
La magistrada Mónica Coloma Pulgar estableció en el fallo (causa rol 16-2023) que la funcionaria, Cristina Elizabeth Ovando Ovando, fue objeto de cambios abruptos en sus condiciones de contratación, pérdida de grado y asignación de funciones no acordes a su perfil profesional. Estas acciones generaron inestabilidad laboral y afectaron su integridad psíquica, derivando en un trastorno adaptativo calificado como enfermedad profesional por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
El tribunal señaló que el Servicio de Salud Aysén actuó de manera arbitraria al no justificar las medidas adoptadas, invisibilizar las solicitudes de la trabajadora y no cumplir con su obligación de garantizar su salud laboral, conforme al artículo 184 del Código del Trabajo.
Como medidas de reparación, el juzgado ordenó al Servicio de Salud Aysén restituir a la funcionaria el grado 11 que detentaba hasta septiembre de 2023, publicar disculpas en los diarios murales del CESFAM de Puerto Aysén, Hospital Regional de Coyhaique y la Dirección del servicio, y pagar una indemnización de $30 millones por daño moral. La sentencia busca no solo reparar a la afectada, sino también sentar un precedente sobre la responsabilidad de los empleadores en la protección de los derechos fundamentales de sus trabajadores.
