Marcelo Santana Vargas, Gobernador Regional de Aysén 
Pese a ser una de las demandas más persistentes y transversales desde los territorios, la descentralización vuelve a quedar relegada en el debate presidencial. Una vez más, las agendas nacionales se diseñan desde Santiago y para Santiago, desconociendo que más de 11 millones de personas viven fuera de la Región Metropolitana, enfrentando realidades, desafíos y oportunidades profundamente distintas.
Chile sigue funcionando bajo una lógica de hipercentralismo estructural: las decisiones políticas, los servicios públicos críticos, la infraestructura estratégica, la oferta académica de mayor escala, la inversión pública y los principales medios de comunicación siguen operando como si la capital representara al país en su conjunto. Este centralismo no es solo administrativo; también es cultural, económico y político.
En este escenario, el Presidente Gabriel Boric generó altas expectativas al anunciar, al inicio de su mandato, la eliminación de la figura del delegado presidencial, como parte de una agenda orientada a entregar mayor autonomía y poder efectivo a los gobiernos regionales. Sin embargo, dicha promesa no solo quedó sin implementación, sino que desapareció completamente de la agenda del Ejecutivo.
La experiencia reciente en regiones como Aysén lo confirma: la figura del delegado presidencial se ha consolidado como un eslabón administrativo sin capacidad real de incidencia, mientras las decisiones clave siguen concentradas en los ministerios del nivel central. Así ocurrió cuando, al inicio del debate presupuestario, Aysén fue proyectada como la región con los recortes más severos para 2026. Lo mismo se observa en la dilatada implementación de la Zona Franca, que continúa sujeta exclusivamente a decisiones del Ministerio de Hacienda, y en la postergación indefinida de la Ley de Sistemas Medianos, cuya aprobación permitiría reducir las altísimas tarifas eléctricas que enfrentan las familias y pymes de zonas extremas.
Estos casos no responden a situaciones coyunturales, sino a un diseño institucional que impide a las regiones incidir con autonomía en su propio desarrollo. Se requiere no solo voluntad política, sino una visión de Estado moderna, capaz de entender que los territorios no son subsidiarios del centro, sino actores estratégicos para el desarrollo nacional.
En este contexto, la Región de Aysén representa una paradoja estructural: es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, posee una biodiversidad de alto valor y cumple un rol fundamental en materia de soberanía y seguridad nacional. Sin embargo, carece de presencia estatal robusta, inversión estructural sostenida y capacidad de decisión sobre sus prioridades. La historia reciente ?como la pérdida de Laguna del Desierto? y la situación actual en los Campos de Hielo Sur, deberían recordarnos que la soberanía no se ejerce sólo con discursos, sino con presencia real, desarrollo territorial y decisiones políticas coherentes.
Santiago no es Chile. Chile es su diversidad geográfica, cultural, social y económica. Apostar por un modelo de desarrollo más policéntrico, con polos regionales capaces de desplegar su potencial, no es solo una opción de equidad territorial, sino una condición estructural para un país más resiliente, productivo y cohesionado.
Desde el Gobierno Regional de Aysén reafirmamos que desarrollar la región no es pedir un favor, es contribuir al fortalecimiento del país en su conjunto. Apostar por Aysén ?por su gente, su identidad y su territorio? no es una demanda sectorial: es una propuesta de país más justo, moderno y verdaderamente descentralizado.
La descentralización no puede seguir siendo un punto marginal en los programas de gobierno. Debe asumirse como una política de Estado prioritaria, capaz de definir si Chile será un país que se piense completo o que continúe mirándose desde un solo punto del mapa.
