Columnista, Colaborador Hoy en redes sociales vi cómo una escuela celebraba la certificación ambiental recién obtenida. Su directora me escribió: "Gracias, Seremi; seguiremos entregando más educación ambiental". Esa frase encendió la chispa de esta columna, porque refleja con claridad el propósito y el impacto del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en la vida de las personas.
El MMA es la garantía de que el desarrollo en Chile se base en evidencia, certezas y justicia territorial. Es una institución estratégica del Estado porque sostiene aquello que permite construir bienestar: aire limpio, agua disponible, ecosistemas saludables y actividades productivas responsables. En un escenario marcado por la triple crisis ambiental ?cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación? contar con un ministerio fuerte no es un lujo: es una necesidad para proteger la vida y asegurar que el progreso ocurra con responsabilidad, respeto y coherencia territorial.
La agenda ambiental del gobierno del presidente Gabriel Boric demuestra que, cuando hay voluntad y realismo, la transición socioecológica justa es posible. Su administración ha impulsado transformaciones estructurales: la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, la creación de la Ley Para la Naturaleza, la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el fortalecimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente.
A esto se suman reformas clave como la Ley de Permisos Sectoriales y nuevas gobernanzas estratégicas para el litio, el hidrógeno verde y la transición energética. Son avances que consolidan un Estado que ordena y no uno que observa pasivamente. Los resultados hablan por sí solos: ciudades que comienzan a descontaminarse, reducción del uso de plásticos, mayor certidumbre regulatoria y una hoja de ruta climática de carácter estatal, no meramente declarativa.
En Aysén, la institucionalidad ambiental ha demostrado que es posible equilibrar conservación, desarrollo y resolución de conflictos mediante presencia en terreno y diálogo directo. La gestión regional ha puesto en evidencia que las políticas ambientales no se construyen desde escritorios, sino junto a las comunidades: en las juntas de vecinos, las escuelas, las organizaciones sociales y los distintos espacios de gobernanza. Hemos fortalecido la educación ambiental, impulsado el GEF de gobernanza marino-costera, avanzado en planes de manejo de áreas protegidas, fortaleciendo la Secretaría Regional de Residuos, colaborado con municipios y el Gobierno Regional, e informado de manera clara los alcances del SBAP. Este trabajo ha permitido enfrentar conflictos socioambientales con información y presencia, empoderar a la ciudadanía frente a la crisis climática y construir confianzas. Todo ello demuestra que Aysén sí puede avanzar hacia un desarrollo sostenible con identidad territorial.
El desafío ahora es construir un Estado ambientalmente más robusto, capaz de anticipar riesgos y liderar la transición socioecológica con justicia territorial. El futuro exige una institucionalidad ágil, basada en ciencia, participación efectiva y criterios técnicos; acelerar la transición energética; modernizar la regulación; y profundizar la educación ambiental. Una comunidad informada es la base de una mejor calidad de vida en todos los rincones de la Patagonia.
La solidez de la política ambiental depende de las convicciones que se expresen en acción y continuidad. Los avances muestran que, cuando la gestión ambiental es priorizada, mejora la vida de las personas y fortalece al Estado. Mantener ese rumbo será fundamental en los momentos de definición colectiva. Para avanzar hacia un Chile más justo y sostenible, necesitamos más institucionalidad ambiental, no menos.
Gracias por la reflexión, profesora. La escuela de Ñirehuao y su comunidad tienen mucho de qué sentirse orgullosos.
