Este jueves se realizó la audiencia de formalización pendiente en contra del exconcejal de Coyhaique Franklin Hernández de Rays, por su presunta participación en la malversación de caudales públicos al interior de la Municipalidad de Coyhaique, cuando el Concejo Municipal aprobó el pago de un bono compensatorio a los asistentes de la educación entre 2018 y 2023.

En septiembre pasado ya habían sido formalizados por esta misma investigación, el exalcalde Alejandro Huala Canumán, además de los exconcejales Ximena Carrasco Hauenstein, Patricio Adio Ojeda y Georgina Calisto Villarroel; el actual concejal Ricardo Alejandro Cantín Beyer y el exasesor jurídico municipal Waldemar Sanhueza Quiniyao.

En la audiencia de formalización (causa rol 2.112-2021) ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, el magistrado Mario Devaud Ojeda acogió la medida cautelar de arraigo nacional para Hernández, solicitada por el Ministerio Público y el allanamiento de los querellantes Consejo de Defensa del Estado y Municipalidad de Coyhaique, por considerarla apropiada y proporcional a los fines del procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Según la fiscalía, entre 2018 y 2023, el municipio de Coyhaique aprobó el pago de bonos a asistentes de la educación, pese a que la Contraloría General de la República había determinado que la bonificación compensatoria, prevista en la Ley 20.717, no correspondía a los asistentes de la educación afectos al Código del Trabajo.

No obstante, autoridades y funcionarios municipales promovieron demandas laborales y avenimientos para reconocer dicho pago como una "cláusula tácita", lo que se concretó mediante acuerdos del Concejo Municipal, decretos de alcaldía y pagos con cargo a recursos públicos, incluso después de oficios de la Contraloría Regional (2020), que reiteraron la improcedencia de las bonificaciones, que alcanzaron a la cifra de $395.772.304.