Fiscalía supraterritorial: Oportunidades y desafíos para todo el sistema de justicia penal

La reciente creación de una Fiscalía supraterritorial representa un enorme cambio en el diseño institucional del sistema de persecución penal en Chile. Su instalación responde a la necesidad de enfrentar fenómenos criminales cada vez más complejos, como el crimen organizado, el lavado de activos o el narcotráfico, que habitualmente desbordan los límites geográficos de las fiscalías regionales y requieren una mirada integral, coordinada y especializada.
Desde la perspectiva de la Defensoría Penal Pública, valoramos este avance en la capacidad de nuestro Estado para enfrentar delitos de mayor complejidad. Sin embargo, este cambio afecta el equilibrio del sistema de justicia penal, haciendo indispensable fortalecer a los demás órganos y servicios que lo componen.
Doña Verónica Encina Vera, Defensora Nacional, recientemente lo ha puesto de manifiesto: "Cabe preguntarse, entonces, ¿de qué sirve aumentar la dotación de fiscales, si no habrá más jueces que puedan presidir las audiencias? ¿Qué éxito tendrá la Fiscalía Supraterritorial, si no hay salas para llevar a cabo el mayor número de audiencias que podría generar su puesta en marcha, sea por falta de jueces o defensores?"
En efecto, no basta con tener más fiscales, más equipos y más recursos para la persecución penal; del otro lado, el sistema de justicia penal también requiere más profesionales y mejor preparados para la Defensa, capaces de enfrentar investigaciones complejas y de gran escala. De lo contrario, el hilo se corta por lo más delgado, y como suele ocurrir, las consecuencias afectan a las personas más vulnerables, aquellas que dependen exclusivamente de la defensa pública para hacer valer sus derechos. 
Más dinero para los delincuentes, se podría pensar ¿Por qué el Estado debería proporcionar defensa de un abogado a las personas imputadas de cometer delito cuando éstas carecen de un abogado propio? Aquí es oportuno recordar que una persona sólo puede ser considerada delincuente cuando ha sido juzgado en un proceso penal, se ha comprobado que ha cometido un delito y un tribunal lo ha declarado culpable mediante una sentencia definitiva. Antes de eso, existe la posibilidad de que esa persona sea inocente. En www.proyectoinocentes.cl usted puede ver casos de personas que en definitiva fueron absueltas o sobreseídas, pero durante el proceso penal sufrieron el rigor de la privación de libertad y del estigma social.
En este contexto, la Defensoría Penal Pública enfrenta el desafío de robustecer su propia capacidad de respuesta frente a investigaciones complejas y de alcance suprarregional. Solo así podremos garantizar que la lucha contra el crimen organizado, no comprometa los derechos fundamentales. 
Este fortalecimiento institucional de la Fiscalía, solo será un avance del sistema de justicia penal, si la Defensoría Penal Pública puede caminar a la par. Porque un sistema que persigue con fuerza, pero que defiende con debilidad, deja de ser un sistema justicia. Se transforma en mera administración del castigo, que ciertamente afectará con mayor rigor a los segmentos de personas más vulnerables de nuestra sociedad. Porque Sin Defensa, No Hay justicia.